Enmarcada dentro del proceso de transformación digital que lleva a cabo la Policía Nacional para mejorar y modernizar el servicio público que presta a la sociedad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó la nueva página web de Institución. La nueva web simplificará trámites a los ciudadanos y será apta para personas con discapacidad; así como también facilitará el acceso al sector de la Seguridad Privada a RED AZUL.
«El trabajo desarrollado por la Policía Nacional para hacer posible su nueva página web institucional camina en esa línea de transformación constante para mejorar cada día el servicio público prestado y para estar en cada momento más cerca de ciudadanas y ciudadanos», señaló Grande-Marlaska, quien además expresó su satisfacción especial por la nueva imagen digital, gracias a la cual «a partir de hoy abrimos una nueva ventana a la sociedad que muestra la esencia de la Policía Nacional, que muestra lo que somos».
MILLONES DE VISITAS
La renovada imagen de www.policia.es es el resultado de un intenso trabajo de definición y desarrollo llevado a cabo durante el último año con un triple objetivo: primero, continuar el proceso de transformación digital que la Policía Nacional tiene en marcha para tener una relación ágil, directa y cercana con los ciudadanos; en segundo lugar, prestar un servicio más accesible, en especial a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, y, por último, facilitar a los ciudadanos muchos de los trámites que realizan ante la Policía Nacional.
Entre las novedades más significativas de la nueva web destaca su formato de última tecnología que, con un diseño actualizado, la hacen más visual y atractiva para que la página, que el pasado año recibió más de nueve millones de visitas, sea aún más amigable.
La Policía Nacional ha realizado los trabajos necesarios para que la nueva página sea apta para personas con discapacidad: los audios contarán con transcripción literal y los videos serán subtitulados o dotados de alternativas textuales a fin de que sea accesible para personas con discapacidad auditiva o visual.
MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO
La nueva web facilitará el acceso a la información, como notas de prensa, y a los distintos perfiles oficiales de la Policía Nacional en redes sociales –Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok-, y publicará información actualizada sobre las oposiciones de acceso -pruebas, fechas, requisitos o posibles cambios-, la estructura central/territorial, su evolución en el tiempo y las distintas especialidades.
Además, permitirá simplificar diversos trámites de los ciudadanos como el acceso al DNI electrónico, la solicitud de cita previa, realizar diferentes trámites con la administración a través de formularios o el acceso a Red Azul, el portal de seguridad privada que acoge a los usuarios del sector: La nueva web dispone de un acceso directo a Red Azul desde su página principal. Todo ello es una muestra más del compromiso por mejorar el servicio público que la Policía Nacional presta a la sociedad.
La pandemia y la difícil situación económica derivada del coronavirus han contribuido a poner el foco sobre el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. La alarma creada en torno a este tipo de movimientos ha calado entre la población y hay quien lo ha aprovechado para sacar rendimiento económico de eso: empresas de desalojo, alarmas, perros de guardia… Todo un floreciente negocio surgido en torno a la letra ‘K’, de desokupación.
Con k se escribe Rekupera, la compañía creada el pasado mes de septiembre por Juan Víctor Mainer (36), un experto en marketing que, tras siete años trabajando en una multinacional del sector vinícola, se quedó en paro por la pandemia de coronavirus. Las noticias en televisión le pusieron sobre la pista y enseguida vio un nicho por el que apostar. «Veía desprotección hacia los propietarios y veía métodos que se usan para la desokupación que rozan la ilegalidad, así que me planteé hacer esa labor pero con una praxis diferente», asegura en conversación telefónica con este diario.
Su método, asegura, se basa en la mediación y cuenta con personal cualificado que sabe responder en situaciones comprometidas. Son siete personas fijas en nómina y la mañana que conversamos con él acaban de resolver una intervención en Valdemoro (Madrid). Sus precios están en torno a los 2.000 euros -«frente a los 5.000 de otros competidores»- y cada caso les lleva una media de entre 10 y 15 días de duración. En sus cuatro meses de vida han resuelto 32 y las perspectivas para los próximos meses «son muy positivas».
En los últimos meses ha crecido de manera notable el número de empresas de desalojo en toda España, muchas de las cuales están rodeadas de dudas sobre sus métodos de actuación. «Están surgiendo muchas porque es muy fácil hacer lo que hacen, contratar a porteros y guardias sin preparación que usan la intimidación y la violencia», explica Juan Víctor Mainer. Les acusa también de falta de transparencia, de ahí que no quieran trabajar con grandes tenedores o bancos que exigen esa transparencia.
«Nosotros trabajamos con particulares pero también con fondos y clientes institucionales. Apostamos por la mediación y por el trabajo conjunto con los servicios sociales en muchas ocasiones y nuestros casos tienen que ver más con incumplimientos de contrato, inquilinos con dificultades que llevan meses sin pagar o inquilinos precarios, que son personas que se quedan con la propiedad pero que antes tuvieron algún tipo de relación contractual con los dueños». Estos perfiles, según Juan Víctor, suponen más del 60% de sus intervenciones, frente a los tradicionales okupas o las ocupaciones más violentas.
Perros de guardia
La alarma por la okupación y la usurpación de viviendas también ha disparado las llamadas a Corsos de X-Man, la empresa que Juan Manuel Morato puso en marcha hace 20 años y que se dedica a la crianza de perros cane corso. Estos animales no están considerados como raza peligrosa, pero su aspecto es lo suficientemente intimidatorio como para que muchos propietarios se hayan interesado por ellos para tenerlos como perros de guardia en sus propiedades. «Tenemos bastante demanda de personas que quieren canes adultos para la guardia y protección de sus viviendas«, responde Juan Manuel a la llamada de EL MUNDO.
Entre 40 y 50 personas contactan a diario con ellos para interesarse por uno de sus ejemplares, cuyos precios varían desde los 300 euros hasta los 10.000 euros. «Estos perros siempre avisan cuando alguien entra en casa, aunque no atacan directamente», dice Morato. Él lleva 20 años especializado en la cría de esta especie y su demanda es fundamentalmente internacional, aunque reconoce que desde hace un mes y medio ha aumentado los contactos en España.
La razón detrás de ese aumento es Desokupa, otra empresa especializada en desalojos que se puso en contacto con ellos para adquirir uno de sus perros, Rolo, con el objetivo de dar apoyo en sus intervenciones. «Este tipo de empresas nos han empezado a derivar clientes. Por su perfil, son empresarios, particulares y extranjeros con residencia en lugares como Marbella o Baleares, con alto poder adquisitivo y con miedo de que entren en sus casas cuando no están en ellas», concreta.
Alarmas
Otro sector que se ha visto directamente beneficiado por la alarma en torno a la okupación ha sido, precisamente, el de las alarmas. Basta hacer un recorrido audiovisual por las radios y televisiones para darse cuenta del incremento de los anuncios en las diferentes emisoras para captar el interés de los consumidores.
Fuentes del sector reconocen que desde hace meses hay un aumento de la demanda de este tipo de servicios ante la creciente preocupación por la seguridad en la vivienda. Admiten también que 2020 ha sido un año positivo para el segmento de las alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas por la «mayor concienciación respecto a necesidades de protección en todos los sentidos».
Seguros de impago
También han dibujado una línea ascendente los seguros frente al impago. La morosidad por parte de los inquilinos ha crecido en los últimos meses y previsiones como las del Observatorio Español del Seguro del Alquiler apuntan a que se triplicará hasta el 15% por el impacto del coronavirus.
Los impagos se han convertido en la antesala de muchos casos de ocupación ilegal de viviendas y cada vez más propietarios buscan protegerse de ellos mediante seguros específicos.
Hemos registrado un incremento de contrataciones de pólizas de impago superior al 51% en los últimos meses
Víctor López (Rastreator)
Víctor López, responsable de aseguradoras del comparador Rastreator explica que a raíz de la pandemia «hemos registrado un gran aumento del interés por las pólizas de impago y, en concreto, un incremento del volumen de contrataciones superior al 51% en los últimos meses. Las aseguradoras están revisando los productos ya que dada la situación económica actual y la bajada en la demanda del alquiler, el interés por esta modalidad no deja de crecer».
Además de la protección ante impago, López también destaca el interés por los seguros del hogar, que podrían ejercer una parte de protección ante la okupación. «No existe una cobertura específica, aunque es cierto que los seguros de hogar cuentan con algunas coberturas que pueden ser útiles en el caso de que esto ocurriese como por ejemplo la cobertura de actos vandálicos. Además, existe la cobertura de defensa jurídica para el propietario del inmueble incluyendo una protección jurídica básica como los gastos judiciales y el acompañamiento y resolución de dudas u otras particularidades como por ejemplo, el cambio de bombín».
Desde el pasado día 1 de diciembre URBISEGUR SEGURIDAD presta los servicios de vigilancia mediante vigilantes de seguridad en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón.
En el Principado se sigue confiando en nuestros servicios por su nivel de calidad y compromiso, y, todos los que conformamos el equipo de URBISEGUR SEGURIDAD nos sentimos especialmente orgullosos de poner todos nuestros medios para ayudar a la ciudadanía asturiana, especialmente en estos momentos en que los servicios de seguridad privada han sido considerados especialmente esenciales aún más si cabe.
Desde el pasado día 2 de diciembre URBISEGUR SEGURIDAD seguirá prestando al menos por un año más los servicios de vigilancia mediante vigilantes de seguridad en el Campus Llamaquique de Oviedo..
El Principado sigue confiando en nuestros servicios por su nivel de calidad y compromiso, y, todos los que conformamos el equipo de URBISEGUR SEGURIDAD nos sentimos especialmente orgullosos de poner todos nuestros medios para ayudar a la ciudadanía asturiana, especialmente en estos momentos en que los servicios de seguridad privada han sido considerados especialmente esenciales aún más si cabe.
(EFE).- Los vigilantes de seguridad podrán equiparse con microcámaras para grabar imágenes y sonidos de sus intervenciones, según ha explicado el sindicato Alternativa Sindical, que consultó si era legal este uso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Este sindicato envió un escrito a la administración para conocer si estos trabajadores no vulneraban la ley al utilizar microcámaras adheridas al pecho en sus actuaciones.
La AEPD respondió el pasado 24 de agosto a este requerimiento y entendió que no había impedimentos para su uso mientras no se vulnere el tratamiento de las imágenes, es decir mientras no haya difusión de las mismas.
En una nota de prensa, Alternativa Sindical denuncia que desde el final del estado de alarma y con las nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público, las agresiones a los vigilantes de seguridad han aumentado.
Ante esta situación, el sindicato cree que la grabación de imágenes y del audio de las intervenciones puede ser de «gran utilidad» a la hora de comparecer en sede judicial y para mitigar este tipo de sucesos.
Para la Agencia de Protección de Datos, el uso de estas cámaras es compatible con la normativa siempre que el acceso a estas imágenes esté restringido a las personas designadas por el responsable del tratamiento y no a terceros.
La administración explica que si el acceso a los videos se realiza por internet, tiene que haber un código de usuario y una contraseña, que solo sean conocidos por las personas autorizadas.
Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, considera que esta resolución es un «paso más» para «garantizar la seguridad e integridad física de los vigilantes», quienes han sufrido más de 200 agresiones graves en lo que llevamos de año.
Y confía en que «los vigilantes grabarán sus intervenciones dentro del máximo respeto constitucional, y como prueba de cargo si se requiriese en sede judicial, de todos aquellos ilícitos penales de los que fueran testigos».
Además, defiende que este colectivo ya maneja miles de sistemas de tratamiento de datos y grabaciones de imágenes a diario en «todo tipo de centros comerciales y establecimientos sin ninguna incidencia». EFE
Los móviles son los objetos más codiciados de los amigos de lo ajeno por una circunstancia clara: es muy fácil venderlos después. Diego Miranda, director de operaciones del Grupo GEES Spain, reconoce que es una experiencia muy desagradable y frustrante.
Y es comprensible, por dos razones: porque en el móvil llevamos, literalmente, nuestra vida -fotos, vídeos, mensajes, correos electrónicos, teléfonos…- y porque es un artículo muy costoso que, en ocasiones, supera con creces los mil euros.
“El afectado avisa a la compañía, que le reemplaza el chip y ya esta. Que siga la fiesta del consumo. La persona tiene que comprarse otro móvil, si no lo tiene asegurado, que es la mayoría de las veces. Si tiene la suerte de poseer una copia de seguridad, el enfado se queda en el dinero desembolsado por el nuevo móvil. Pero si no es así, el proceso se convierte en algo muy irritante. La agenda de teléfonos es posible que pueda reconstruirla pero el resto, el ‘tesoro personal’ se habrá perdido irremediablemente”, explica Miranda.
El máximo responsable del Grupo GEES Spain, aún reconociendo que no se puede hacer nada en esas circunstancias, propone algo que, al menos, impedirá que los cacos hagan negocio con nuestro teléfono, dejándolo inutilizado.
¿QUÉ ACONSEJA?
“Todos los móviles tienen un registro de serie único, que en ningún teléfono del mundo se repite. Es el código IMEI y equivale a las huellas dactilares o el ADN del aparato. Un código al que sólo pueden acceder los dueños del aparato”, explica Miranda.
¿Cómo?
“Sólo hay que marcar *#06# sin presionar la tecla de llamada. A continuación aparecerá el código IMEI en la pantalla del móvil. Lo que hay que hacer es apuntarlo y guardarlo en un lugar seguro“, añade.
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“En el caso de que el móvil sea robado, cuando llamemos a la compañía operadora, ya sea Movistar, Vodafone o cualquier otra, hay que facilitarles el código IMEI. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que nuestro móvil quedará completamente bloqueado, inservible, inutilizado. Aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM o el chip no podrá encenderlo”, cuenta.
“Ya sé que esto no supone que la persona recupere su móvil, pero tendrá la total seguridad de que nadie más podrá hacer uso de él y, ni mucho menos, hará negocio”.
Para Miranda, es muy importante que todo el mundo tenga esta información.
“Si toda la gente supiera esto estoy seguro de que el robo de móviles disminuiría porque no tendría sentido”, concluye.
Adjuntamos escrito dirigido al Servicio de Vigilancia de Mirasierra agradeciéndole su buen hacer y servicios prestados durante esta pandemia y se hace partícipe de esta felicitación también a Urbisegur como responsable de este equipo de vigilantes.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana permite excepcionalmente que estos profesionales realicen una actividad propia de los servicios de prevención y salud.
La crisis socio-sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha tenido una influencia directa en la sentencia dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en un asunto laboral que pretendía dilucidar la legalidad de que los vigilantes de seguridad tomen la temperatura de los empleados de una compañía.
Al final, la respuesta ha sido un rotundo sí y el tribunal ha tenido muy claro la importancia del contexto que rodea esta decisión. Según indica el fallo al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aunque el cometido no forme parte de las funciones originales de estos trabajadores, su objetivo es proteger a las personas y, excepcionalmente, pueden ocuparse de realizar este operación.
«El control en el acceso al centro es una función propia de los vigilantes y en este caso esta tarea implica la introducción de un criterio nuevo de restricción al mismo, que por el carácter excepcional de las circunstancias se proyecta tanto en la función específicamente contemplada en la norma de garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el local, como en la más genérica de contribuir y colaborar en el plan específico de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19, por lo que entendemos que la función encomendada tiene en este momento pleno encaje en las funciones legales, convencionales y contractuales atribuidas a los vigilantes de seguridad», explica la sentencia.
En este conflicto colectivo, la Federación Valenciana Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada demandó a Ilunion Seguridad, empresa contratada por Carrefour, por atribuir a los vigilantes la tarea de tomar la temperatura a los empleados de dicho centros comerciales. La primera indicaba que dicha medida no estaba justificada puesto que excedía » el ámbito funcional de la actividad profesional de los vigilantes de seguridad». Sin embargo, Ilunion Seguridad mantenía la legitimidad de la decisión dentro del contexto sanitario y de acuerdo con las previsiones de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y del convenio colectivo aplicable.
Javier Reyes, abogado laboralista de Ceca Magán, que ha defendido los intereses de Ilunion Seguridad, afirma que la resolución del TSJ es especialmente clara y «es un alivio, puesto que responde a un debate complicado». El tribunal, apunta el letrado, «ha aplicado el derecho situándolo en su contexto y aquí, frente a las terribles consecuencias de la pandemia y la urgente necesidad de abrir los comercios -exponiendo así a clientes y trabajadores-, ha validado legalmente que sean los vigilantes de seguridad los que tomen la temperatura de los trabajadores y que las empresas no tengan que contratar a personal sanitario para hacerlo».
El tribunal, que especifica que este conflicto únicamente se centran resolver la capacidad de que los vigilantes de seguridad realicen esta función y no versa sobre la constitucionalidad de la toma de temperatura a los trabajadores por parte de la empleadora, indica que «nos encontramos ante una actividad propia de los servicios de prevención y salud, lo que sin duda pone en cuestión su encomienda al personal de seguridad y vigilancia. Sin embargo, la resolución del presente conflicto colectivo no puede abordarse al margen del contexto social y sanitario que tiene lugar a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto 463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Y es precisamente desde esta situación excepcional desde la que debemos analizar la medida adoptada por la empresa demandada», destaca.
Reyes comenta igualmente que el fallo del TSJ de la Comunidad Valenciana destaca lo estipulado en el artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada que establece que los vigilantes de seguridad ejercerán la «vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión».
Es justamente la labor de protección, asegura el letrado, la que tiene en cuenta el tribunal para justificar y validar esta función. El laboralista cita en este sentido lo expuesto en la sentencia, que asegura que «la toma de temperatura de los trabajadores que acceden al centro de trabajo es una medida que tiene como finalidad exclusiva evitar que personas con sintomatología que puede estar asociada al Covid-19 accedan a sus instalaciones con el correspondiente riesgo de contagio al resto de trabajadores y a posibles usuarios de los supermercados, poniendo así en peligro las medidas de contención de la pandemia y la propia integridad física de las personas que puedan llegar a encontrarse en el centro comercial, cuya vigilancia tiene encomendada la empresa de seguridad».
Riesgos
Frente a los posibles riesgos a los que se podrían exponer los vigilantes, el tribunal acepta como demostrado que la empresa de seguridad adoptó medidas de prevención centradas en dotar a estos trabajadores de equipos de protección adecuados y protocolos de actuación que eviten el contacto directo y permitan mantener las distancias de seguridad con el sujeto examinado.
El tribunal concluye destacando que «queda acreditado que existe una valoración del riesgo inherente a la actividad encomendada con la correspondiente adopción de las medidas preventivas tendentes a neutralizar el riesgo previamente identificado».
El Sindicato de Trabajadores de Seguridad solicitó medidas cautelares al considerar que no estaban preparados e invadían sus competencias
La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado el plan de vigilantes de playas puesto en marcha por el Gobierno autonómico al rechazar la suspensión solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad (STS) por supuesta vulneración de funciones. Contra esta decisión no cabe recurso.
Esta organización presentó un escrito el pasado día 16 de junio en el que pedía medidas cautelares -previas a la presentación de una demanda- al considerar que el dispositivo de vigilantes de playa puesto en marcha por la Junta de Andalucía para prevenir la propagación del Covid-19 en el litoral invadía sus competencias laborales y suponía «un riesgo para los ciudadanos».
Un día después, se trasladó la solicitud a la Fiscalía, que en un plazo de 48 horas debía trasladar su postura. Cumplido ese tiempo, respondió que se oponía a la reclamación de la parte demandante, por lo que el 22 de junio los tres magistrados de la sala acordaban «denegar la medida cautelarísima».
El alto tribunal justifica su decisión en que la suspensión del Plan de Empleo para Playas Seguras 2020 «podría dañar de forma irremediable el interés general de disfrutar de las playas en condiciones de seguridad para evitar el riesgo de rebrote de la pandemia de coronavirus».
Niega que se estén vulnerando las «competencias legales» de los vigilantes de seguridad y argumenta que «la mera denominación de vigilantes, no puede deducirse sin más que dichos trabajadores van a desempeñar las funciones reguladas en la legislación de Seguridad Privada […], sino que debe atenderse a las concretas funciones asignadas y a su desarrollo».
El auto -notificado este jueves a las partes- subraya que el trabajo previsto para beneficiarios del citado plan laboral se ciñe «a tareas de información de usuarios, control de tránsito y de acceso a las instalaciones asignadas», así como «la denuncia de los incumplimientos observados». Por este motivo, «la apariencia de buen derecho alegada en la demanda debe ser rechazada»
Sobre «el riesgo que para el ciudadano supondría que personal no autorizado por la Ley de Seguridad Privada ejerza funciones de vigilante», como denunciaba la organización sindical, la Sala de lo Social del TSJA argumenta que a los contratados no se les atribuyen «labores de vigilancia y protección de bienes y personas, sino -en todo caso- de información a los usuarios de las playas de sus obligaciones derivadas de la prevención del Covid-19 y el control de sus accesos».
El STS de Andalucía destacaba en su escrito una supuesta vulneración de «los principios constitucionales de igualdad, mérito o capacidad» durante el proceso selectivo del personal, circunstancia sobre la que el tribunal resuelve que «carece de todo desarrollo o concreción».
En la resolución judicial se plasma que la convocatoria laboral se ha adecuado a los requisitos previstos en el artículo 13 del VI Convenio de la Junta de Andalucía en atención a la pertenencia al Grupo V de los puestos de trabajo ofrecidos y las contrataciones han cumplido lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Además, recuerda que «en el presente caso ante la inexistencia de Bolsa Complementaria o lista de sustituciones en la misma, y ante la situación de necesidad y urgencia derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se acordó la convocatoria de los puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020, con las exigencias de formación y titulación previstas en el Convenio de aplicación, por lo que de nuevo de forma provisional e indiciaria debe rechazarse la existencia de la infracción alegada».
No obstante, no es la única crítica realizada contra esta convocatoria laboral. Como informó este periódico, junto a aspirantes desencantados, sindicatos como CCOO y CSIF han solicitado a la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, que se publiquen las listas de admitidos, así como la hora de corte de los procesos selectivos en las distintas provincias. El Ejecutivo andaluz defiende la transparencia del procedimiento.
El alto tribunal, por último, suscribe las palabras de la Fiscalía y concluye que estimar la reclamación del Sindicato de Trabajadores de Seguridad podría lesionar el interés general, pues entiende que el mencionado plan «regula el uso y disfrute del litoral andaluz en condiciones de seguridad y frente al riesgo de rebrote de la pandemia» y «promueve la contratación de un importante número de trabajadores ante el notable incremento del desempleo».
A veces, la vida en sociedad nos muestra su cara más agresiva en forma de ataques contra las personas y las propiedades. No obstante, la posibilidad de sufrir una agresión contra nuestros intereses no debe llevarnos a límites que nos hagan vivir en un estado constante de temor y ansiedad. Una simple actitud más precavida y prudente en nuestra vida cotidiana permitirá que nos sintamos más seguros, y, por tanto, más libres para disfrutar plenamente de la vida.
En este apartado queremos informarle de todas las noticias y novedades en el sector de la vigilancia y la seguridad.
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