Un sindicato de seguridad privada considera que la Junta de Andalucia incurre en intrusismo al contratar a personal no acreditado para vigilar las playas

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Alternativasindical Sindicato Profesional de Seguridad Privada ha anunciado que llevará “todas las acciones legales que considere oportunas” contra la Junta de Andalucía por la contratación del personal que tendrá encomendada la tarea de controlar el aforo de las playas y vigilar que se guarde la distancia social.

El sindicato considera que la administración autonómica incurre en intrusismo al no contratar para esta tarea a profesionales acreditados de seguridad privada. En una nota de prensa enviada a este medio el representante del sindicato, Felipe Caro, argumenta que la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada “reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección, respectivamente”.

Los 300.000 profesionales acreditados por el Ministerio del Interior, de los que 80.000 se encuentran activos en la actualidad, “tenemos la formación para realizar las funciones control de accesos, control de distanciamiento, control de aforos…”, manifiesta Caro.

Los vigilantes contratados por la Junta, que prestarán servicio a partir de este lunes, solo recibirán según publica el sindicato en su web “una pequeña formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía de forma telemática”. Por este motivo Felipe Caro ha anunciado que “hemos interpuesto la correspondiente denuncia ante la Brigada Provincial de Seguridad Privada correspondiente”.

 

Los ciberataques son ya la tercera preocupación global en la crisis de la Covid-19

Por | Urbisegur

Los ciberataques y los fraudes de datos son ya los riesgos tecnológicos más preocupantes
para el globo, y los terceros en la lista de preocupaciones generales, tras la llegada de la
pandemia de coronavirus. Así lo atestigua el Foro Económico Mundial (WEF), que ha juntado a varios expertos del sector para tratar de fortalecer las capacidades de resistencia
cibernética de sus organizaciones.

Entre las conclusiones, el Foro estima que las compañías de todo el mundo se han visto
presionadas para adoptar el teletrabajo y modelos de negocio rápidos para asegurar su
supervivencia. Por ello, los principios que se han redactado incluyen un marco para la toma
de decisiones a corto plazo para asegurar los objetivos a largo plazo. Estos pasan por
fomentar una cultura de resiliencia, centrarse en la protección de bienes y servicios críticos
de la organización, tomar decisiones sobre el riesgo más allá de la crisis sanitaria, actualizar
los planes de negocio a la llamada “nueva normalidad” y fortalecer la colaboración de todo el
esquema de ciberseguridad.

“Debido al coronavirus, las empresas deben acelerar su transformación digital para
aprovechar los beneficios al mismo tiempo que mantienen el equilibrio entre la agilidad, la
escalabilidad, la eficiencia y la ciberseguridad”, ha señalado Georges de Moura, director de
soluciones para la industria del Centro de Ciberseguridad del WEF. “La confluencia de estas
fuerzas disruptivas está afectando a las funciones críticas y los ecosistemas de la industria a
nivel mundial”.

Fuente: https://cso.computerworld.es/cibercrimen/los-ciberataques-son-ya-la-tercerapreocupacion-global-en-la-crisis-de-la-covid19

La seguridad privada se reinventa

Por | Urbisegur

Los nuevos cometidos de las empresas de vigilancia se centrarán fundamentalmente en asegurar la salud de la personas en lugares públicos y privados, como controlar aforos, observar si se lleva la mascarilla o tomar la temperatura.

La pandemia del coronavirus ha afectado de pleno a los más de 80.000 vigilantes de seguridad que hay en España: miles están en el paro todavía y otros enfermaron e, incluso, fallecieron. La parte positiva de la crisis es que ven su trabajo más reconocido y que el sector se reinventa con más tecnología y formación.

Controlar máquinas que toman la temperatura o detectar si se usa mascarilla sin acercarse al ciudadano, vigilar tornos de acceso pero desde la distancia y controlar la entrada a playas o locales, más que hacer rondas, serán algunos de los nuevos cometidos de estos profesionales según inciden su patronal, los sindicatos y una de las grandes empresas españolas de seguridad.

Se trata de un colectivo laboral con más de 80.000 trabajadores que son más, que los aproximadamente 65.000 policías nacionales y 77.000 guardias civiles que hay en España, cuyos representantes han denunciado que no han tenido suficientes equipos de protección durante el avance de la pandemia.

Las cifras de la patronal reflejan que al menos 13 han fallecido por coronavirus y aproximadamente el cinco por ciento se ha tenido que dar de baja.

«Los vigilantes han estado ahí, en primera línea, la sociedad lo ha visto y se ha dado un salto cualitativo», resume el responsable de este área en UGT, Diego Giráldez, que tiene claro que el sector «tendrá que transformarse y reinventarse» utilizando más las nuevas tecnologías y formando en ellas a estos profesionales para ser eficientes.

Se está gestando «una vigilancia nueva» que requerirá también una normativa actualizada, en palabras del presidente de la patronal Aproser, Ángel Córdoba, quien coincide con Giráldez en que «se han adelantado con urgencia muchos cambios que ya estaban en marcha».

Los empresarios del sector están preocupados: la crisis de 2008 fue profunda y cuando aún no se habían recuperado llegó el coronavirus, que inicialmente dejó parados a miles de vigilantes al cerrar aeropuertos, hoteles o comercios.

Algunos nuevos empleos -como los generados en el hospital del Ifema- «no compensan para nada» la cifra, detalla el presidente de la patronal Aproser, Ángel Córdoba, que pronostica una recuperación «muy paulatina en el tiempo», en paralelo a la vuelta a la nueva normalidad de los clientes, con «una vigilancia mucho más eficaz» que resume señalando que «antes en el aeropuerto te miraban la maleta buscando un arma, y ahora el arma la llevas dentro, como en una película de guerra bacteorológica».

Prevé, además, nuevos cometidos para los vigilantes, como asegurar que en el metro se llevan mascarillas puestas y se mantiene la distancia entre los pasajeros, controlar aforos en locales e, incluso, en las playas, así como tomar la temperatura o vigilar a distancia a la máquina que lo hace, es decir, todo lo que ayude a garantizar la protección y el bienestar de los usuarios tanto en espacios públicos como en empresas privadas.

Córdoba tiene claro que la crisis ha servido para que se reconozca la labor de los profesionales de la seguridad privada y considera «penoso» que no se hiciera tras los atentados del 11-M. De hecho, el Rey Felipe VI le llamó hace unos días para interesarse por la situación que está atravesando este sector.

El responsable de Seguridad Privada de FESMC-UGT, Diego Giráldez, destaca que desde el inicio del confinamiento la facturación ha bajado en torno a un 20 por ciento, con 42 ERTE que han afectado a unos 10.000 profesionales, y confía en que los empleos se recuperen progresivamente en un período de tiempo asumible para todos.

Advierte de que «no se puede caer en el error de bajar los sueldos», como pasó en la crisis de 2008, ni de permitir «intrusismos» por parte de empresas «multiservicio».

Giráldez subraya que los vigilantes «han estado ahí en plena pandemia», y se les ha podido ver en las puertas de los hospitales, supermercados o medios de transporte. En ocasiones, sin la protección debida, y su labor «poco reconocida» ahora sí se está valorando.

UGT pertenece al Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, que une a los tres sindicatos firmantes del convenio colectivo nacional (UGT, CCOO y USO) y a la patronal, y considera esencial la formación de los trabajadores en la «nueva normalidad», y ha propuesto un nuevo acceso a esta profesión a través de la Formación Profesional.

FUENTE: EFE

Funciones del personal de seguridad privada en la Fase 3 de desescalada

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El Ministerio de Sanidad ha aprobado una orden ministerial, que entró en vigor ayer lunes, para flexibilizar varias restricciones durante la tercera fase del estado de alarma. En ella quedan establecidas diversas funciones que serán competencia del personal de seguridad privada durante la Fase 3 del plan de desescalada, relacionadas con los controles de accesos, el aforo y el distanciamiento social.

Por el momento, únicamente pasan esta semana a la Fase 3 las islas de La Gomera (Canarias), El Hierro y La Graciosa, así como la de Formentera (Baleares). En ellas ya es de aplicación dichas medidas, que abarcan desde la higiene y protección en el entorno laboral, hasta el ocio y la cultura, pasando por la hostelería, establecimientos comerciales o el turismo.

Control de accesos y de aforo

El personal de seguridad privada tendrá un papel destacado durante la Fase 3 en tres ámbitos: establecimientos y locales abiertos al público, centros comerciales y zonas recreativas.

Establecimientos y locales abiertos al público: En aquellos establecimientos que cuenten con aparcamientos propios en los que el acceso no pueda realizarse de manera automática y sin contacto mediante lectores de tickets o tarjetas, el personal de seguridad privada llevará a cabo el control de forma manual. De esta manera se pretende “un mejor seguimiento de las normas de aforo”.

Los vigilantes de seguridad también supervisarán que se cumplen las normas de llegada y salida escalonada de los trabajadores, según los turnos establecidos por la empresa.

Centros y parques comerciales: en estas instalaciones, el personal de seguridad privada velará durante la Fase 3 de la desescalada por que se respete la distancia mínima interpersonal de dos metros. Asimismo, estos profesionales evitarán que se formen grupos numerosos o aglomeraciones, especialmente en zonas como las escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas recreativas.

Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios: en este caso, los vigilantes de seguridad también controlarán que se respeta la separación entre personas y dispersarán a los grupos numerosos o aglomeraciones que se puedan crear.

Igualmente, se harán cargo del control de acceso manual en aquellos centros recreativos turísticos, acuáticos y zoológicos donde los aparcamientos no permitan la entrada automática y sin contacto de los conductores.

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FUENTE: Seguritecnia

La AEPD recuerda que el reconocimiento facial está prohibido en seguridad privada

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recordado hoy que la utilización de técnicas de reconocimiento facial por parte de las empresas que prestan servicios de seguridad privada está, «en principio», prohibida por la legislación española.

Esas técnicas, ha recordado este organismo, implican el tratamiento de los datos biométricos de una persona, unos datos que según el Reglamento General de Protección de Datos están catalogados dentro de las categorías «especiales» porque permiten identificar de una manera «unívoca» a una persona.

El informe corrobora que la instalación de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, que captan y graban imágenes y sonidos, podría ampararse en el «interés público», pero que si se trata de categorías especiales de datos, como es el reconocimiento facial, debe existir un «interés público esencial” para que pueda ser legítimo, con el objetivo de asegurar una mayor protección de los datos personales.

Según la Agencia, la aplicación del interés público esencial requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos se puede utilizar la biometría , una norma que en la actualidad no existe en el ordenamiento jurídico español y que si se tramitara tendría que justificar en qué supuestos se podrían utilizar ese tipo de tecnologías de reconocimiento facial.

La Agencia ha rechazado que la legitimación reconocida para los sistemas de videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar otras tecnologías «mucho más intrusivas para la privacidad», como el reconocimiento facial u otras medidas biométricas como el reconocimiento de la forma de andar o el reconocimiento de voz.

La regulación actual, ha concluido este organismo, es insuficiente para permitir la utilización de técnicas de reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada.

La AEPD sí considera que existen supuestos «excepcionales» en los que podría quedar justificado el empleo de sistemas de reconocimiento facial, y cita el caso de las infraestructuras críticas.

Pero insiste en que la autorización, con carácter general, del empleo de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada carece de base jurídica «y sería desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos».

FUENTE: EFE

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EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONFÍA A URBISEGUR LA VIGILANCIA DEL CENTRO DE MENORES «MIRAFLORES» DE NOREÑA

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Desde hoy día 29 de mayo URBISEGUR SEGURIDAD presta los servicios de vigilancia mediante vigilantes de seguridad en el Centro de Menores «Miraflores» en Noreña.

El Principado sigue confiando en nuestros servicios por su nivel de calidad y compromiso, y, todos los que conformamos el equipo de URBISEGUR SEGURIDAD nos sentimos especialmente orgullosos de poner todos nuestros medios para ayudar a la ciudadanía asturiana, especialmente en estos momentos en que los servicios de seguridad privada han sido considerados especialmente esenciales aún más si cabe.

Un vigilante de seguridad de Metro salva la vida con un desfibrilador a un pasajero que entró en parada cardiaca

Por | Urbisegur

 

Un vigilante de seguridad del grupo que controla la afluencia de viajeros (GAV) de Metro de Madrid ha salvado la vida esta mañana a un pasajero de 50 años que entró en parada cardiorrespiratoria gracias al uso de un desfibrilador semiautomático, han informado a Europa Press fuentes de la empresa que gestiona el suburbano.

 

A las 7 de la mañana de este martes, el Puesto Central de Metro ha recibido una llamada desde la estación de Principio Pío, de la patrulla de vigilantes de seguridad y el inspector de Metro que forman este grupo, solicitando una dotación sanitaria para un hombre, que se había desplomado delante de ellos en el andén, y se encontraba tumbado en el suelo con las pupilas muy dilatadas y con dificultades respiratorias.

 

El Puesto de Control de Seguridad de Mando, de manera inmediata, les ha informado a su vez de la ubicación exacta del desfibrilador y ha avisado al Samur-Protección Civil, indicando una posible parada cardiorrespiratoria.

Mientras el inspector de Metro ha comenzado a realizar al hombre un masaje cardiaco, los vigilantes de seguridad han corrido a por el desfibrilador, sustituyendo luego uno de ellos al inspector con el desfibrilador y efectuando una sola descarga, gracias a la que el viajero comenzaba a respirar de nuevo.

Una vez finalizada la incidencia, el hombre ha sido estabilizado y trasladado al hospital por efectivos del Samur, que se han llevado desfibrilador para sacar las lecturas realizadas de las constantes del paciente durante la asistencia.

El grupo que ha salvado la vida a este hombre forma parte de uno de los dispositivos que Metro puso en marcha ayer para supervisar la afluencia de viajeros en al menos 14 de las estaciones que registran mayor número de viajeros en la red: Atocha Renfe, Opera, Príncipe Pío, Sol, Moncloa, Méndez Alvaro, Pacífico, Conde Casal, Nuevos Ministerios, Avenida América, Puerta de Arganda, Gregorio Marañón, Tres Olivos y Plaza Elíptica, entre otras. 271

Desfibriladores en la red

El suburbano madrileño cuenta con 271 desfibriladores instalados para poder atender este tipo de situaciones, de cara a actuar de forma rápida en este tipo de emergencias sanitarias. Dichos dispositivos se conectan además con los servicios de emergencia.

La supervisora de guardia del Samur, Natividad Ramos, ha destacado la importancia de saber usar este tipo de desfibriladores para salvar vidas. Así, ha recordado que Samur ha dado formación a la ciudadanía, incluido personal de Metro, sobre esta herramienta.

 

 

 

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA SOLICITA QUE SE RECONSIDERE LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS.

Por | Urbisegur

En el día de ayer, la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un plan de
vigilancia de las playas en la Comunidad Autónoma, consistente en la contratación de
3.000 desempleados destinados al apoyo a las policías locales de los municipios costeros
en el cumplimiento de las medidas de control de aforo y distanciamiento social en estos
espacios.
Desde el inicio de la pandemia, tal y como ha señalado el Observatorio Sectorial de la
Seguridad Privada, los vigilantes de seguridad privada, sobre la base de la formación
adquirida tanto con carácter previo a su habilitación administrativa como durante su
desempeño profesional, han realizado una labor encomiable en la garantía del control de
aforos y distanciamiento social en espacios semipúblicos como supermercados o redes
de infraestructuras de transporte.
Unas funciones expresamente asignadas por la normativa en vigor para la garantía del
distanciamiento social en espacios abiertos al público tras el inicio de la Fase 2, como son
los centros comerciales. Unas actuaciones desempeñadas, todas ellas, desde el carácter
complementario y especialmente colaborador de la seguridad pública que establece la
Ley de Seguridad Privada, reforzado, si cabe, durante la vigencia del estado de alarma.
En este sentido, resulta sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales
de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la
policía, sujetos a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo
pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones
administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley, la Junta de Andalucía
haya optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles
de garantía para los ciudadanos. Más aún, cuando la ley de seguridad privada regula con
todo detalle los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios
públicos, siempre llevados a cabo con carácter subsidiario de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Fórmulas llevadas a cabo exitosamente en diversos espacios en los últimos
años y especialmente adecuadas para llevarse a cabo en las playas andaluzas.
La opción por la que parece haber optado la Junta de Andalucía impide, por otra parte,
el acceso al mercado de trabajo de los profesionales de la seguridad privada habilitados
que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo en Andalucía pero, lo que
es más relevante, incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía, que
se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con
servicios de seguridad privada de calidad acreditada en otros entornos, sobre la base de
los medios técnicos complementarios y garantía de cobertura de un servicio de seguridad
privada prestado por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior.
En este sentido, tanto FeSMC-UGT Andalucía como APROSER Andalucía solicitan la
reconsideración urgente de la medida propuesta y, en la línea de lo manifestado en las
últimas semanas, a pesar de no haber sido atendido hasta el momento, reiteran su
ofrecimiento para compartir su conocimiento para poner en marcha una solución
alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas.

FUENTE: APROSER

Comunicado-UGT-Andalucía-APROSER-Andalucía

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS SIGUE CONFIANDO EN URBISEGUR

Por | Urbisegur

Desde el día 27 de mayo URBISEGUR SEGURIDAD presta los servicios de vigilancia mediante vigilantes de seguridad en el Hospital de Jarrio en Coaña.

El Principado sigue confiando en nuestros servicios por su nivel de calidad y compromiso, y, todos los que conformamos el equipo de URBISEGUR SEGURIDAD nos sentimos especialmente orgullosos de poner todos nuestros medios para ayudar a la ciudadanía asturiana, especialmente en estos momentos en que lo que rodea a los servicios sanitarios se ha manifestado  esencial aún más si cabe.

Piden 4 años y medio para un grafitero por agredir a un vigilante de seguridad de Metro

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Madrid, 25 may (EFE).- La Fiscalía ha solicitado cuatro años y medio de prisión para un grafitero acusado de agredir a un vigilante de seguridad del Metro de Cuatro Vientos cuando huía de él tras ser descubierto pintando los trenes de las cocheras de la estación en septiembre de 2019.

En su escrito dirigido al juzgado número 48 de Madrid, fechado el pasado 4 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía le acusa de un delito de daños y otro de lesiones y, además de la pena de cárcel, solicita una multa de 12.000 euros y una indemnización a la representación legal de Metro de 3.418,03 euros por los daños en los trenes, y de 1.500 euros a la víctima por las lesiones.

También pide que se le imponga una orden de alejamiento de la estación de Metro en un radio de 500 metros durante cuatro años.

Según la fiscal, el acusado, «de común acuerdo con otros dos individuos no identificados», fue el pasado 3 de septiembre a las cocheras del Metro de Cuatro Vientos, donde los tres se pusieron a hacer grafitis en los trenes.

Al llegar dos vigilantes -uno de ellos, el perjudicado-, dos de los grafiteros huyeron y se enfrentaron a una de las empleadas de Metro, «logrando zafarse de ella mediante el empleo de un palo y dándose a la fuga».

El acusado, por su parte, «salió corriendo en dirección contraria». El vigilante lo alcanzó, «comenzando a forcejear el acusado con él, sacando un objeto punzante y clavándoselo en el dorso de la mano logrando finalmente darse a la fuga a través de la valla», indica el escrito.

La fiscal explica que el vigilante sufrió una «herida inciso-contusa» en el dorso de la mano derecha y que los daños causados en los trenes de Metro han sido tasados en 3.418,03 euros.

La Fiscalía recuerda que el acusado fue condenado en septiembre de 2017 por otro juzgado de Madrid a seis meses de multa por un delito de daños, que ya cumplió en junio de 2018.

La Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, que ejerce la acusación particular, ya solicitó seis años de cárcel para el acusado.

Según informa en un comunicado, el abogado del sindicato, que ejercer de representación legal del vigilante, considera que el informe del fiscal «se ajusta a las pretensiones de los demandantes y a lo estipulado para la gravedad de los delitos cometidos».

FUENTE: EFE