Los vigilantes de seguridad sí pueden tomar la temperatura de los trabajadores

Por | Urbisegur

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana permite excepcionalmente que estos profesionales realicen una actividad propia de los servicios de prevención y salud.

La crisis socio-sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha tenido una influencia directa en la sentencia dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en un asunto laboral que pretendía dilucidar la legalidad de que los vigilantes de seguridad tomen la temperatura de los empleados de una compañía.

Al final, la respuesta ha sido un rotundo sí y el tribunal ha tenido muy claro la importancia del contexto que rodea esta decisión. Según indica el fallo al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aunque el cometido no forme parte de las funciones originales de estos trabajadores, su objetivo es proteger a las personas y, excepcionalmente, pueden ocuparse de realizar este operación.

«El control en el acceso al centro es una función propia de los vigilantes y en este caso esta tarea implica la introducción de un criterio nuevo de restricción al mismo, que por el carácter excepcional de las circunstancias se proyecta tanto en la función específicamente contemplada en la norma de garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el local, como en la más genérica de contribuir y colaborar en el plan específico de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19, por lo que entendemos que la función encomendada tiene en este momento pleno encaje en las funciones legales, convencionales y contractuales atribuidas a los vigilantes de seguridad», explica la sentencia.

En este conflicto colectivo, la Federación Valenciana Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada demandó a Ilunion Seguridad, empresa contratada por Carrefour, por atribuir a los vigilantes la tarea de tomar la temperatura a los empleados de dicho centros comerciales. La primera indicaba que dicha medida no estaba justificada puesto que excedía » el ámbito funcional de la actividad profesional de los vigilantes de seguridad». Sin embargo, Ilunion Seguridad mantenía la legitimidad de la decisión dentro del contexto sanitario y de acuerdo con las previsiones de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y del convenio colectivo aplicable.

Javier Reyes, abogado laboralista de Ceca Magán, que ha defendido los intereses de Ilunion Seguridad, afirma que la resolución del TSJ es especialmente clara y «es un alivio, puesto que responde a un debate complicado». El tribunal, apunta el letrado, «ha aplicado el derecho situándolo en su contexto y aquí, frente a las terribles consecuencias de la pandemia y la urgente necesidad de abrir los comercios -exponiendo así a clientes y trabajadores-, ha validado legalmente que sean los vigilantes de seguridad los que tomen la temperatura de los trabajadores y que las empresas no tengan que contratar a personal sanitario para hacerlo».

El tribunal, que especifica que este conflicto únicamente se centran resolver la capacidad de que los vigilantes de seguridad realicen esta función y no versa sobre la constitucionalidad de la toma de temperatura a los trabajadores por parte de la empleadora, indica que «nos encontramos ante una actividad propia de los servicios de prevención y salud, lo que sin duda pone en cuestión su encomienda al personal de seguridad y vigilancia. Sin embargo, la resolución del presente conflicto colectivo no puede abordarse al margen del contexto social y sanitario que tiene lugar a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto 463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Y es precisamente desde esta situación excepcional desde la que debemos analizar la medida adoptada por la empresa demandada», destaca.

Reyes comenta igualmente que el fallo del TSJ de la Comunidad Valenciana destaca lo estipulado en el artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada que establece que los vigilantes de seguridad ejercerán la «vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión».

Es justamente la labor de protección, asegura el letrado, la que tiene en cuenta el tribunal para justificar y validar esta función. El laboralista cita en este sentido lo expuesto en la sentencia, que asegura que «la toma de temperatura de los trabajadores que acceden al centro de trabajo es una medida que tiene como finalidad exclusiva evitar que personas con sintomatología que puede estar asociada al Covid-19 accedan a sus instalaciones con el correspondiente riesgo de contagio al resto de trabajadores y a posibles usuarios de los supermercados, poniendo así en peligro las medidas de contención de la pandemia y la propia integridad física de las personas que puedan llegar a encontrarse en el centro comercial, cuya vigilancia tiene encomendada la empresa de seguridad».

Riesgos

Frente a los posibles riesgos a los que se podrían exponer los vigilantes, el tribunal acepta como demostrado que la empresa de seguridad adoptó medidas de prevención centradas en dotar a estos trabajadores de equipos de protección adecuados y protocolos de actuación que eviten el contacto directo y permitan mantener las distancias de seguridad con el sujeto examinado.

El tribunal concluye destacando que «queda acreditado que existe una valoración del riesgo inherente a la actividad encomendada con la correspondiente adopción de las medidas preventivas tendentes a neutralizar el riesgo previamente identificado».

El TSJA rechaza que los auxiliares de playa sean «un riesgo para la ciudadanía»

Por | Urbisegur

El Sindicato de Trabajadores de Seguridad solicitó medidas cautelares al considerar que no estaban preparados e invadían sus competencias

La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado el plan de vigilantes de playas puesto en marcha por el Gobierno autonómico al rechazar la suspensión solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad (STS) por supuesta vulneración de funciones. Contra esta decisión no cabe recurso.

Esta organización presentó un escrito el pasado día 16 de junio en el que pedía medidas cautelares -previas a la presentación de una demanda- al considerar que el dispositivo de vigilantes de playa puesto en marcha por la Junta de Andalucía para prevenir la propagación del Covid-19 en el litoral invadía sus competencias laborales y suponía «un riesgo para los ciudadanos».

Un día después, se trasladó la solicitud a la Fiscalía, que en un plazo de 48 horas debía trasladar su postura. Cumplido ese tiempo, respondió que se oponía a la reclamación de la parte demandante, por lo que el 22 de junio los tres magistrados de la sala acordaban «denegar la medida cautelarísima».

El alto tribunal justifica su decisión en que la suspensión del Plan de Empleo para Playas Seguras 2020 «podría dañar de forma irremediable el interés general de disfrutar de las playas en condiciones de seguridad para evitar el riesgo de rebrote de la pandemia de coronavirus».

Niega que se estén vulnerando las «competencias legales» de los vigilantes de seguridad y argumenta que «la mera denominación de vigilantes, no puede deducirse sin más que dichos trabajadores van a desempeñar las funciones reguladas en la legislación de Seguridad Privada […], sino que debe atenderse a las concretas funciones asignadas y a su desarrollo».

El auto -notificado este jueves a las partes- subraya que el trabajo previsto para beneficiarios del citado plan laboral se ciñe «a tareas de información de usuarios, control de tránsito y de acceso a las instalaciones asignadas», así como «la denuncia de los incumplimientos observados». Por este motivo, «la apariencia de buen derecho alegada en la demanda debe ser rechazada»

Sobre «el riesgo que para el ciudadano supondría que personal no autorizado por la Ley de Seguridad Privada ejerza funciones de vigilante», como denunciaba la organización sindical, la Sala de lo Social del TSJA argumenta que a los contratados no se les atribuyen «labores de vigilancia y protección de bienes y personas, sino -en todo caso- de información a los usuarios de las playas de sus obligaciones derivadas de la prevención del Covid-19 y el control de sus accesos».

El STS de Andalucía destacaba en su escrito una supuesta vulneración de «los principios constitucionales de igualdad, mérito o capacidad» durante el proceso selectivo del personal, circunstancia sobre la que el tribunal resuelve que «carece de todo desarrollo o concreción».

En la resolución judicial se plasma que la convocatoria laboral se ha adecuado a los requisitos previstos en el artículo 13 del VI Convenio de la Junta de Andalucía en atención a la pertenencia al Grupo V de los puestos de trabajo ofrecidos y las contrataciones han cumplido lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Además, recuerda que «en el presente caso ante la inexistencia de Bolsa Complementaria o lista de sustituciones en la misma, y ante la situación de necesidad y urgencia derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se acordó la convocatoria de los puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020, con las exigencias de formación y titulación previstas en el Convenio de aplicación, por lo que de nuevo de forma provisional e indiciaria debe rechazarse la existencia de la infracción alegada».

No obstante, no es la única crítica realizada contra esta convocatoria laboral. Como informó este periódico, junto a aspirantes desencantados, sindicatos como CCOO y CSIF han solicitado a la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, que se publiquen las listas de admitidos, así como la hora de corte de los procesos selectivos en las distintas provincias. El Ejecutivo andaluz defiende la transparencia del procedimiento.

El alto tribunal, por último, suscribe las palabras de la Fiscalía y concluye que estimar la reclamación del Sindicato de Trabajadores de Seguridad podría lesionar el interés general, pues entiende que el mencionado plan «regula el uso y disfrute del litoral andaluz en condiciones de seguridad y frente al riesgo de rebrote de la pandemia» y «promueve la contratación de un importante número de trabajadores ante el notable incremento del desempleo».

La Policía alerta sobre una peligrosa estafa para robarte a través del ordenador

Por | Urbisegur
  • Los delincuentes utilizan técnicas para ganarse la confianza del interlocutor y de esta forma, y sin que lo sepa, proceder con la estafa

La Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón ha alertado a los ciudadanos de un repunte de estafas, iniciadas a través de una llamada, en las que los autores de las mismas suplantan Microsoft y solicitan datos personales y bancarios con el objetivo de realizar cargos monetarios.

Según ha informado el cuerpo policial, el modus operandi se inicia a través de una llamada aleatoria a números de teléfono fijo que los obtienen autores obtienen a través de guías telefónicas, redes sociales e Internet. En estas llamadas, se hacen pasar por empleados de Microsoft y solicitan el acceso al ordenador, que supuestamente está siendo afectado por un virus.

Así, a través de unas indicaciones, la víctima instala en su computadora un programa de control remoto con el que los presuntos estafadores se apoderan de claves, contraseñas y de otras informaciones sensibles, tales como numeraciones de tarjetas.

Los supuestos autores también pueden contactar con las víctimas a través de mensajes de error falsos que lanzan en sitios web en los que muestran números de contacto de soporte técnico. Estos falsos mensajes intentan engañar a la víctima para que realice una llamada a una línea directa de un soporte técnico, si bien detrás de dicha línea se encuentra un estafador.

Además, los presuntos responsables de la estafa utilizan técnicas para ganarse la confianza del interlocutor y de esta forma, y sin su conocimiento, bloquear su ordenador con el fin de solicitar sus datos personales y efectuar el desbloqueo. Para ello, simulan desde el acento de la persona que realiza la llamada –preferentemente inglés o sudamericano–, hasta el motivo de la misma y solución que ofrecen, para ganarse la confianza del interlocutor y llevar a cabo su engaño.

COMO PROTEGERSE DEL DELITO

Microsoft, a través de su página web, ha informado de cómo protegerse frente a las estafas de soporte técnico, indicando que los mensajes de error y advertencia que lanza la compañía nunca incluyen números de teléfono.

La empresa, desde el apartado soporte de su página web, incluye un texto titulado Protégete frente a las estafas de soporte técnico en el que explica este tipo de delito y cómo identificarlo. Del mismo modo, advierten de qué hacer si un estafador de soporte técnico ya tiene tu información y cómo notificar una estafa a Microsoft.

Por su parte, la Policía Nacional a través de sus redes sociales -Youtube, Instagram, Twitter y Facebook– ha lanzado su campaña ‘#no piques’ en la cual se informa de las estafas presentes en la sociedad a fin de estar prevenidos e informados y de esta forma, poder identificarlas y saber cómo actuar ante ellas.

COMUNICADO DEL OBSERVATORIO SECTORIAL

Por | Urbisegur

OBS: PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA POR LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales mayoritarias FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO) y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, advierte del riesgo que estos recortes supondrían para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios de servicios en la desescalada del COVID-19 y tras la misma.

A modo de ejemplo, el actual contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones e infraestructuras de todo el Estado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) fue adjudicado en noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses.

Desde el día 1 de junio Adif ha efectuado unilateralmente un primer recorte de varios millones de euros sobre el importe de adjudicación inicial, lo que supone una reducción en el número de Vigilantes de Seguridad, que en alguna de las instalaciones ha afectado al 50% de la plantilla asignada, y en media entre el 20 y el 25% de la plantilla total, de momento.

Desde el Observatorio Sectorial advierten que será “difícilmente asumible y poco eficaz” el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios del COVID-19 según nos vayamos adentrando en “la nueva normalidad” y aumente el número de usuarios en el transporte público, tras el recorte en gastos y personal de seguridad efectuado por el administrador ferroviario.

Asimismo, se debería garantizar la seguridad y la vigilancia de las instalaciones en los horarios en que estas permanezcan cerradas al público.

Además, muestran su preocupación por los cientos de puestos trabajo que están en juego y la incertidumbre generada por este recorte económico en las empresas prestadoras del servicio, con un presupuesto comprometido y las inversiones ya realizadas para asegurar el servicio.

Este tipo de decisiones vuelven a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso ante el riesgo de recortes durante la propia ejecución de los contratos.

Un sindicato denuncia al Ayuntamiento de Canet por utilizar a «personal no habilitado» para el control del aforo de su playa

Por | Urbisegur

La Federación Valenciana de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha presentado este martes, 16 de junio, denuncia ante la Brigada de Seguridad Privada de Valencia y ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer por utilizar a «personal no habilitado» para vigilar el aforo y las incidencias, en colaboración con la Policía Local del municipio, que puedan producirse este verano en su playa Racó del Mar, y no hacerlo a través de una empresa de seguridad.

«El equipo de gobierno municipal ha utilizado a personal discapacitado con una minusvalía reconocida de un 33%, o más, y que ya trabajan para el consistorio de forma habitual como personal de mantenimiento facilitándoles un uniforme naranja de alta visibilidad con la palabra Vigilante serigrafiada en la espalda. Este personal discapacitado carece de cremas solares para protegerse de la exposición de los rayos del sol, carecen de lavabos teniendo que desplazarse y utilizar los lavabos públicos de un bar que está a 200-300 metros de la posición en la que se encuentran y careciendo de comedor o zona de descanso mediante la cual poder comer o realizar el descanso correspondiente de su jornada laboral», afirman.

Del mismo modo, los representantes de este sindicato aseguran que el consistorio canetero «mantiene a estos trabajadores en jornadas de más de diez horas sin descanso, expuestos al sol, con tan solo una sombrilla y una silla donde pueden sentarse a ratos cortos». Es por este motivo por el cual, desde Alternativa Sindical consideran que el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer está infringiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Del mismo modo, aseguran que también se está infringiendo la Ley de Integración Social «porque este personal mantiene una discapacidad superior al 33% y los tienen efectuando funciones propias de los vigilantes de seguridad». Como han informado a este periódico, desde la apertura de la playa de Canet el pasado sábado, 13 de junio, están realizando funciones de vigilantes de su aforo personal del Centro Municipal Especial de Empleo para personas discapacitadas.

«Nefasto es que la administración municipal fomente el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada pero más lamentable aún es que utilicen personal discapacitado y además incumpliendo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales», finalizan desde este sindicato.

ADIF ordena un recorte del 20% en su personal de seguridad privada

Por | Urbisegur

Los sindicatos calculan que este recorte afectará a unos 200 empleados de todas las estaciones de la red de ADIF tanto en alta velocidad como en media distancia.

El gestor público de las infraestructuras ferroviarias ADIF ha comunicado esta semana que va a prescindir de buena parte de la plantilla de seguridad privada que trabaja regularmente en las estaciones de tren españolas.

El recorte alcanzará el 20% de los empleados totales, lo que en una plantilla de aproximadamente 1.000 profesionales de seguridad privada, supondría la salida de aproximadamente unas 200 personas. ADIF ha comunicado este cambio a las empresas adjudicatarias, recalculando a la baja el contrato.

Muchos de los despidos se han empezado a ejecutar esta misma semana, singularmente en estaciones como Madrid-Atocha, donde se ha prescindido del 25% de la plantilla (conformada por unos 100 profesionales) o en otras estaciones como Huelva, donde según los representantes del sindicato Comisiones Obreras, se ha prescindido de todos los profesionales de seguridad privada, dejando el control de seguridad sin personal.

Los despidos se están produciendo por todo el país, afectando a todas las compañías que lograron la adjudicación de los servicios desde el año 2018. De estas empresas la que tiene más efectivos es Prosegur, que tiene las estaciones más grandes como son Madrid y Barcelona-Sants. Eulen es la segunda empresa en importancia en las adjudicaciones, con las estaciones del noroeste y el sur del país. Por su parte, Securitas tiene las estaciones del este del país y Prosetecnisa las del norte.

Los afectados son los servicios de Renfe de Larga Distancia y de Media Distancia, pero según ADIF ni la Alta Velocidad ni tampoco Cercanías, que tienen contratos de seguridad privada propios, se verán afectados por el tijeretazo.

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de ADIF. La empresa pública presidida por Isabel Pardo de Vera ha confirmado los recortes con el siguiente argumento: «Una vez pasados los peores momentos de la pandemia, en los que ADIF ha debido reforzar sus medidas de seguridad con el fin de velar por la seguridad de todos los usuarios, y ante las nuevas circunstancias, marcadas por una drástica caída de los ingresos, ADIF va a realizar una adaptación de sus servicios de vigilancia y seguridad».

Tal y como sigue diciendo la empresa pública a OKDIARIO, «el objetivo de esta actuación es reconfigurar la forma en que se ejecuta esta prestación, adaptándola a la demanda actual y garantizando en todo momento la seguridad de las infraestructuras críticas, la vigilancia de todas las estaciones de alta velocidad y la presencia de vigilantes en las estaciones de red convencional».

Estos recortes afectarán especialmente a las patrullas de las vías, que perderán efectivos y que tendrán que realizar un trabajo de un radio muy superior (por ejemplo, patrullar a 300 kilómetros cuando antes lo hacían a 200), y además verán mermados sus efectivos. Pero se insiste en que no se verá comprometida la seguridad, aunque sí es posible que el grado de respuesta llegue más tarde al haber menos efectivos.

Problemas en las vías

No obstante, según informan a este periódico las citadas fuentes sindicales, los primeros recortes ya están causando problemas en el servicio de seguridad privada. El delegado de Comisiones Obreras por Prosegur en la estación de Madrid-Atocha asegura que entre otras cosas «se han quitado las patrullas especiales que vigilan la vía para que no entre ningún animal o persona en ella. Estas patrullas son muy importantes porque se producen muchos robos de catenaria» a lo largo de las vías ferroviarias.

Pero además, las fuentes sindicales también lamentan la imposibilidad de garantizar la vigilancia en algunos espacios de gran tamaño (como el eje Madrid-Abroñigal que hay al sur de la ciudad) donde la vigilancia de zonas enormes quedará bajo la responsabilidad de apenas un operario, aseguran, aumentando el riesgo de estos profesionales ante posibles altercados que se puedan dar.

Desde ADIF se considera que los contratos de seguridad habían aumentado mucho en los últimos años y que se habían hecho previsiones en algunos casos de una puesta de servicio a las que finalmente no se ha llegado, lo cual justificaría el recorte.

Caída dramática

Los números de ADIF son dramáticos durante estos pasados meses. El estado de alarma llevó el movimiento por trenes a casi cero y sólo en las últimas semanas la actividad se recupera, aunque todavía en niveles muy bajos al no permitirse aún el movimiento entre provincias. Desde la empresa pública gestora de infraestructuras no se sabe cuándo se podrá volver a las cifras previas a la pandemia.

Sin embargo, los sindicatos se quejan de que sea precisamente ahora que se recupera la actividad cuando se hacen los recortes, y lamentan que hace muy difícil el trabajo del personal de seguridad privada.

FUENTE: OK DIARIO

El PSOE busca eliminar gradualmente el pago en efectivo

Por | Urbisegur

Una proposición no de ley del PSOE, difundida en el Boletín del Congreso, busca “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. En la última línea de la exposición de motivos y consecuentes propuestas, el partido de gobierno hizo el planteamiento. La sugerencia aparece diluida en un conjunto de ideas, referidas a la orientación del sistema tributario ante la crisis sanitaria.

Señala el texto que las crisis económicas y sociales “siempre conllevan bajadas en la recaudación de impuestos. Estas se traducen en menos ingresos que debilitan la financiación de las políticas públicas”.

En ese sentido, sugiere un conjunto de medidas de prevención y erradicación. Entre ellas se incluyen la promoción de campañas de explicación del destino de los ingresos públicos procedentes de impuestos. También propone la conciencia tributaria en el ámbito de una educación ciudadana. Y se incluye la ya mencionada eliminación del pago en efectivo.

PSOE busca eliminar el pago efectivo

Ante la proposición no de ley del PSOE, fuentes socialistas consultadas por El País, señalaron que no buscan “cambios legales a corto plazo”. Inclusive, indicaron que están abiertos a negociarlo.

Mientras tanto, en Hacienda admiten que planean rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico. Ya lo habían propuesto, sin éxito, en 2019.

La Xunta de Galicia, la primera comunidad que ha entrado en la nueva normalidad, recomienda “pagar con tarjetas para evitar el efectivo”.

Los bancos centrales del mundo han tratado de demostrar que los billetes no retienen más el virus que el plástico de una tarjeta. Además, el dinero en metálico se está convirtiendo en un elemento a batir por su mala fama de ser instrumento del fraude fiscal.

La proposición del PSOE apunta en ese sentido. Está enmarcada entre medidas tributarias por su relación con la evasión fiscal a través del dinero negro.

La pandemia volvió a traer el tema a colación. Cuando se comprobó cómo crecía el uso de las tarjetas y avanzaba la digitalización de los servicios bancarios, se pensó en un plan para elevar la recaudación fiscal.

En defensa del efectivo

Aproser, patronal del transporte del efectivo, critica la decisión. Advierte que el metálico es el único medio de pago público y cree que solo se favorecería a las firmas de medios electrónicos.

El intento de abolición del uso del efectivo es una obsesión que ya empieza a molestar, indicó la asociación. “Hay que ser conscientes de que es el único medio de pago que es ‘público’. Si desapareciera el efectivo, solo quedarían sistemas de pago que estarían totalmente privatizados y en manos de grandes empresas. Tema para nada baladí y que merecería una reflexión adicional para el legislador dadas las importantísimas repercusiones sociales que ello conllevaría en la ciudadanía”, apuntó en su sitio en internet.

Argumentó que “no a todas las personas que querrían utilizar tarjeta en lugar de efectivo se la dan nada más la piden a su banco, por motivos obvios. Paradójicamente, a los colectivos ya sujetos a exclusión social por otros motivos les queremos endosar un motivo nuevo, sin pestañear”.

Las mayorías apuestan por el dinero

La Encuesta de Percepción Social del Liderazgo en la lucha contra el Covid 19,  realizada por Ifisa a mil usuarios aborda el tema del efectivo.

El 86% de las personas consultadas sobre la importancia de disponer de dinero en efectivo en situaciones de crisis, consideró “muy importante”, “importante” o, “más importante que antes el acceso a ese medio de pago”.

Algo más del 20% de los entrevistados manifestó que el uso del dinero en efectivo es más importante aún en situaciones de crisis y sólo el 16% de los encuestados restó importancia disponer de efectivo en estas circunstancias.

La valoración del dinero en efectivo en estos momentos alcanza una puntuación de 6,4 sobre 10, reveló la encuesta, publicada por Aproser.

El uso conjunto del dinero en efectivo y de los pagos con tarjeta es asumido por el 63% de los encuestados como la mejor opción. Y el 16% se decanta por el uso exclusivo de los pagos con tarjeta.

FUENTE: CAMBIO16

​¿Intrusismo en la seguridad privada para vigilar las playas este verano? Sindicatos advierten que estarán atentos

Por | Urbisegur

El sindicato FTSP-USO anuncia que tomará las medidas legales pertinentes para evitar la creación de estructuras “pseudopoliciales” destinadas al control de las playas.

Así, señalan la puesta en marcha de un “protocolo” de supervisión con el objetivo de evitar el intrusismo en el sector y la vulneración de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

“¿Quién vigila a los vigilantes?”. Con esta popular paradoja de los tiempos de la Antigua Roma y popularizada por ‘Watchmen’, la inmortal obra de Alan Moore, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) quiere poner de manifiesto su preocupación por lo que podría ocurrir en muchas playas gallegas este y del resto del país este verano, a la vista de las medida que proyectan establecer algunos ayuntamientos para controlar el aforo en los arenales y que se cumplan las medidas de seguridad.

En las últimas semanas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España han iniciado una carrera de fondo para tener un servicio de vigilancia disponible para controlar el cumplimiento de aforo y medidas de seguridad del COVID-19 ante la llegada de la época estival”, aseguran desde el sindicato. No obstante, estas prisas para buscar una solución efectiva podría provocar la creación de “figuras que desarrollen ciertas funciones de manera ilegal o utilicen a personal no cualificado en funciones propias del personal habilitado de Seguridad Privada”.

Ante esto, y con el fin de evitar el incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, el sindicato advierte que estará vigilante para que Comunidades Autónomas y gobiernos locales no caigan en la “improvisación” y en la creación de estructuras “pseudopoliciales”.

“La FTSP-USO ha puesto en marcha un protocolo para que sus responsables en todos los territorios costeros ‘vigilen a los vigilantes’ ante cualquier irregularidad o incumplimiento en sus funciones para proceder a denunciar a las empresas u organismos pertinentes”, concluye el organismo sindical.

FUENTE: GALICIA PRESS

UGT y USO denuncian intrusismo de la Junta por los ‘vigilantes de la playa’

Por | Urbisegur

El sector de Seguridad privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT Huelva ha denunciado en el día de hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, “lo que a nuestro entender podría tratarse de un claro caso de intrusismo laboral”.

Explica el sindicato que “a nuestro entender, las funciones que la Junta de Andalucía pretende que realicen los denominados vigilantes de las playas que la Junta de Andalucía va a contratar para la realización de servicios de seguridad relacionados con el COVID 19 en las Playas de Huelva, serian  únicas y exclusivas del personal de seguridad privada  según la Ley 5/2014, de 5 de abril, de seguridad privada establece en la letra a) de su artículo 5.1 que constituye una actividad de seguridad privada “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos” y define que “los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Unos servicios que se llevan a cabo por vigilantes de seguridad habilitados (integrados necesariamente en las empresas de seguridad)”.

Desde FeSMC UGT “solicitamos a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que  se curse requerimiento, con carácter urgente, a los responsables de la Junta de Andalucía para que delimiten, de acuerdo con la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, el contenido de las funciones a desempeñar por parte de los profesionales que se pretende asignar a cometidos vinculados con la pandemia COVID-19 en las Playas de Andalucía y que se exija que en los contratos de trabajo se incluya la concreta y precisa definición de las funciones asignadas a los trabajadores contratados, en términos compatibles con la citada Ley 5/2014, de Seguridad Privada”.

Además, UGT solicita “que se advierta expresamente, de confirmarse la evidente incompatibilidad de las funciones adscritas con la normativa vigente, al amparo de la información existente hasta el momento, la posible incursión por parte de la entidad contratante, de una vulneración de la Ley de seguridad privada, en caso de iniciarse el ejercicio de las funciones reservadas exclusivamente a vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad”.

Por último, desde el sindicato que manifiesta que “en el supuesto de que de la información recabada se considere la no existencia de incompatibilidad entre las funciones asignadas y la normativa de seguridad privada vigente, en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en el ámbito de la seguridad privada y ante la trascendencia del servicio a desempeñar, se lleve a cabo una inspección del servicio, una vez dé inicio, para comprobar la adecuación estricta entre las funciones teóricamente asignadas y las efectivamente llevadas a cabo. Y que en el supuesto de que de dicha labor inspectora pudieran identificarse posibles incompatibilidades, se proceda de inmediato a la incoación de los correspondientes expedientes”.

SINDICATO USO

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) haanunciad que “denunciará a los organismos y empresas que utilicen a personal no habilitado para la vigilancia del cumplimiento de medidas de seguridad ante el COVID-19 en las playas de todo el Estado.

En las últimas semanas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España han iniciado una carrera de fondo para tener un servicio de vigilancia disponible para controlar el cumplimiento de aforo y medidas de seguridad del COVID-19 ante la llegada de la época estival. Para la FTSP-USO es previsible que muchas de estas Administraciones creen figuras que desarrollen ciertas funciones de manera ilegal o utilicen a personal no cualificado en funciones propias del personal habilitado de Seguridad Privada.

El sindicato pone la vista sobre los posibles casos de intrusismo profesional que se produzcan, así como esperan que se incumpla la Ley 5/2014 de Seguridad Privada en muchos arenales dada la falta de regulación e improvisación de los Organismos Públicos con la que se están creando unas estructuras “pseudopoliciales” con las que pretenden garantizar la seguridad de las personas ante la pandemia.

La FTSP-USO ha puesto en marcha un protocolo para que sus responsables en todos los territorios costeros ‘vigilen a los vigilantes’ ante cualquier irregularidad o incumplimiento en sus funciones para proceder a denunciar a las empresas u organismos pertinentes”.

FUENTE: HUEVA YA.ES