Sentencia histórica: Una jueza condena una agresión a un vigilante que actuaba como agente de la autoridad

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Un juez condena, por primera vez en Baleares, a un ultra por agredir a un vigilante de seguridad por atentado contra agente de la autoridad. | Youtube Última Hora

Un violento ultra del Real Mallorca ha sido condenado al pago de una multa de 1.260 euros por dar una patada a un vigilante de seguridad en mayo del año 2019. El acusado, de 26 años y nacionalidad española, se ha declarado culpable de un delito de resistencia a agente de la autoridad y otro de lesiones leves en el juicio.

Se trata de una sentencia pionera e histórica en nuestra comunidad autónoma. Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.45 horas del 5 de mayo en el exterior del estadio de Son Moix. La víctima se encontraba trabajando como vigilante de seguridad con motivo de la celebración del partido de la Liga de Fútbol Profesional entre el Real Mallorca y el Sporting de Gijón. El trabajador tuvo que intervenir en un altercado protagonizado entre varios aficionados del club bermellón a las afueras del estadio y recibió una fuerte patada en el tórax por parte del acusado que le hizo caer al suelo. El vigilante se golpeó la rodilla derecha y la muñeca izquierda y sufrió diversas policontusiones.

La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial una condena de un año de cárcel para el ultra por un delito de atentado y el abogado del trabajador agredido, Eduardo Luna, solicitaba una pena de tres años de prisión. Se trata de un éxito sin precedentes en Baleares. El sector de la seguridad privada acoge la sentencia con gran satisfacción.

La defensa del joven ha alcanzado un acuerdo con la fiscal y la acusación particular en una sala del juzgado de lo Penal número 1 de Palma y finalmente se ha conformado con una multa de 1.260 euros e indemnizar a la víctima con 800. Además, deberá pagar 1.500 de costas.

FUENTE: ÚLTIMA HORA

Correos aparta de sus servicios de seguridad a la empresa que dejó pasar las balas

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Correos ha dejado fuera de sus servicios de seguridad a INV Seguridad, la empresa subcontratada que se encargaba del escaneo de las cartas en el momento el que las balas dirigidas a Marlaska, Iglesias y Gámez pasaron por el control. Así se desprende del ‘contrato de los servicios de seguridad vigilancia e inspección de la correspondencia durante el periodo 2021-2024’, adjudicado este miércoles, que ha sido consultado por Vozpópuli.

 

En concreto, Correos ha adjudicado este contrato por un importe de 37,9 millones de euros (IVA incluido) en varios lotes, dependiendo de las regiones, a tres empresas diferentes: Clece Seguridad, Eulen Seguridad, y Sicor Seguridad El Corte Inglés. Así, no ha resultado ganadora del concurso INV Seguridad, que era una de las empresas subcontratadas para prestar este servicio en el periodo anterior.

Correos responsabiliza a esta empresa del fallo de seguridad que permitió la recepción de los sobres con amenazas contra Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez. Un fallo calificado como «muy grave» puesto que, como explicó Correos, el operador de servicio del Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, ubicado en Vallecas, «no fue capaz» de detectar las balas que incluían los tres sobres, pese a que eran fácilmente visibles a través del escáner por el que pasaron el día 19 de abril.

Preguntados por esta cuestión y su coincidencia en el tiempo con el expediente abierto a INV Seguridad, desde Correos insisten en que es un contrato nuevo «cuya licitación se inició hace más de cuatro meses y que, por tanto, no tiene nada que ver con la situación expuesta». «Se ha tratado de una licitación sujeta a Real Decreto 3/2020 publicada en el BOE, DOUE y Plataforma de Contratación a la que se ha podido presentar todo aquel licitador al que le ha interesado hacerlo«, apuntan desde la compañía pública.

El contrato, que se desarrollará durante 36 meses, tiene como objetivo licitar los servicios de seguridad, vigilancia e inspección de la correspondencia durante el periodo 2021-2024 «que permitan la protección de personas y bienes» que se encuentren en diferentes locales y dependencias de Correos.

Las cláusulas de Correos

La empresa de mensajería dividió el contrato en cinco lotes en función de las regiones en las que deben desempeñar sus servicios, con un interés dispar en el sector: como ejemplo, frente a las dos ofertas que se presentaron para uno de los lotes, otro recibió la propuesta de 13 firmas del sector.

Correos detalla en el anuncio de adjudicación que la apertura de los sobres con las ofertas económicas y técnicas tuvo lugar el 1 de marzo, antes de que estallase la polémica que marcó la campaña electoral madrileña, si bien la adjudicación no se ha publicado hasta este miércoles, 5 de mayo. Los criterios económicos sumaban 49 puntos sobre 100 en la valoración final de cada propuesta; los técnicos, 51 puntos.

Como contó Vozpópuli, Correos contempla en las cláusulas del pliego una sanción de hasta 10.000 euros por fallos de seguridad como el de las balas. También se describe el modo en que deben desempeñarse los trabajadores encargados de estas funciones: además de contar con formación específica para el manejo de estas mercancías, se limita a un máximo de 20 minutos el cumplimiento de este servicio, con descansos «no inferiores» a diez minutos dedicados a otras labores de vigilancia (no inspección) en el propio centro.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen sus pesquisas para identificar a los autores de las amenazas que recibieron personajes públicos y políticos como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Los Mossos d’Esquadra también intervinieron una misiva con balas dirigida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Dicha polémica puso en entredicho los sistemas de seguridad que imperan en los edificios oficiales. El mismo día en que Correos firmó la adjudicación de sus servicios de seguridad, el Ministerio del Interior cerró un acuerdo con otra empresa para revisar los arcos detectores de metales instalados en nueve sedes que dependen orgánicamente del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

FUENTE: VOZPOPULI

 

 

Nueve de cada diez españoles se sienten más seguros en los lugares con presencia de Vigilantes de Seguridad Privada

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Principales conclusiones del estudio

  • Nueve de cada diez españoles se siente más seguro en los lugares en los que hay presencia de Vigilantes de Seguridad Privada.
  • La sensación de seguridad que genera la presencia de Vigilantes de Seguridad ha aumentado desde el estudio anterior hasta el 86% (desde el 79% en 2016).
  • Con respecto a la pandemia, un 85% cree que los profesionales de la Seguridad Privada que estén en contacto con ciudadanos, deberían tener acceso preferente a las medidas de protección contra la COVID-19, como la vacuna.
  • Ha crecido hasta el 75% la cifra de personas que tiene una opinión buena o muy buena de los Vigilantes de Seguridad y un 17% reconoce que su percepción ha mejorado en los últimos años.
  • El 88% de los ciudadanos vería adecuada una mayor presencia de Vigilantes de Seguridad en lugares de gran concurrencia como centros comerciales, estaciones de tren o autobús, las 24 horas del día.
  • La convicción de que no hay suficientes Vigilantes de Seguridad en España sigue existiendo y el 75% opina que hay que acercar la cifra española de profesional por habitante (600) a la media europea (250).

FUENTE: INTEREMPRESAS

Los vigilantes de seguridad privada advierten de intrusismo en locales hosteleros

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La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) asegura en un comunicado que «es incierto que haya locales que establezcan o recuperen, como dicen, servicios de seguridad privada para el control de aforos o el cumplimiento de medidas preventivas». El reproche del colectivo se produce a raíz de las intervenciones policiales que han tenido lugar este fin de semana en varios establecimientos de Gijón por incumplimiento de la normativa sanitaria por parte de algunos clientes, sobre todo jóvenes. Alguno de esos locales dispone de personal de vigilancia.

El colectivo asegura que esos trabajadores «no son personal de seguridad privada, sino controladores, porteros, auxiliares o figuras laborales análogas que nada tienen que ver con la seguridad privada, sin habilitación profesional para ejercer esas funciones».

«No están autorizados»

Desde Avispa consideran que «dicho personal no está autorizado para efectuar controles de identidad, limitar el acceso o intervenir en conflictos, ilícitos penales o infracciones administrativas, pues carecen de capacitación formación o amparo legal para tales funciones».

«Los únicos que podrían ejercer o desempeñar dichas tareas son los vigilantes de seguridad habilitados por el Ministerio del Interior, uniformados y contratados a través de empresas de seguridad inscritas en el registro nacional, que sí pueden intervenir, solicitar documentación personal o incluso expulsar del local a las personas que incumplan la normativa sanitaria vigente», sostiene la asociación.

FUENTE: EL COMERCIO

Correos expedienta a la empresa de seguridad que no detectó cartas con balas enviadas a políticos

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Solicita a INV Vigilancia la «retirada inmediata del servicio» de la persona que estaba a cargo del equipo radiológico

 

Correos ha abierto un expediente a la empresa de seguridad que el 19 de abril no detectó tres cartas con balas y cartas de amenazas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Según la copia de la carta enviada por Correos a la empresa INV Vigilancia, la sociedad estatal le comunica la apertura de un expediente y «el apercibimiento más severo» y solicita la «retirada inmediata del servicio» de la persona que estaba a cargo del equipo radiológico por el que pasaron las misivas.

El 21 de abril, Marlaska, Iglesias y Gámez denunciaron haber recibido sendas cartas con amenazas y cartuchos de bala en su interior. Correos explica en su carta que los paquetes fueron «matasellados e inspeccionados» a las 17:48 horas del 19 de abril en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, en Vallecas, «sin que el operador de servicio fuera capaz de identificar los proyectiles que portaban».

El caso de las cartas amenazantes ha generado también polémica después que el viernes pasado Iglesias abandonara un debate electoral en la Cadena Ser cuando la candidata de Vox a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, expresara sus dudas sobre la veracidad de las cartas amenazantes.

FUENTE: CincoDías

 

 

Las mujeres vigilantes reivindican mayor protagonismo en la seguridad privada

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El número de mujeres vigilantes de seguridad va en aumento, pero aún así, representan un porcentaje muy bajo dentro de las plantillas de las empresas de seguridad privada.

En Baleares, son muchas las mujeres que apuestan por conseguir la TIP (Tarjeta de Identificación Profesional) y afrontar una profesión de futuro.

Dos alumnas que acaban de finalizar el curso y, en breve serán nombradas vigilantes, visitan el programa y nos relatan su experiencia.

Ambas, hacen un llamamiento al resto de mujeres para que se incorporen a este sector y, entre todas, consigan mejorar la imagen de la mujer y desempeñen cargos de responsabilidad.

FUENTE: Última Hora

Policía Nacional y vigilantes de seguridad estrechan la colaboración público-privada

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Agentes de la Policía Nacional Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Madrid) y de la Comisaría Provincial de Segovia se desplazaron a diferentes puntos de la provincia donde prestan servicio vigilantes de seguridad, como el Alcázar, el Palacio del Real Sitio de San Ildefonso, el Palacio de Riofrío o el centro penitenciario, buscando reforzar y consolidar la colaboración público-privada en seguridad. Está acción, denominada Red Azul 21, que afianza la relación de la Policía Nacional con los profesionales de la seguridad privada, tiene como objetivos conocer de primera mano sus inquietudes, prestarles asesoramiento y aclarar sus posibles dudas sobre la normativa de seguridad.

Asimismo, se da a conocer el programa Vigila, el cual permite el acceso a todos los vigilantes de seguridad al área restringida de Seguridad PrivadaRed Azul de la página oficial de la Policía Nacional, www.policia.es. Para entrar en Vigila, deben introducir su número de DNI, con la letra en mayúsculas, y su número de TIP (Tarjeta de Identidad Profesional).

Red Azul 21 se complementa con la formación online que todas las semanas, incluidos los fines de semana, en horario diurno y nocturno, imparte la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional a vigilantes de seguridad, escoltas y guardas rurales.

FUENTE: El Adelantado de Segovia

Cae una banda especializada en desactivar sistemas de alarma y seguridad

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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en la vulneración y sabotaje de sistemas de seguridad y alarma. La investigación ha permitido esclarecer ocho robos con fuerza cometidos en empresas y oficinas de Santander, Madrid e Irún (Guipúzcoa), donde sustrajeron, principalmente, dinero en efectivo depositado en cajas fuertes. Los detenidos dominaban conocimientos y técnicas de desactivación y sabotaje de sistemas de seguridad y alarma, así como en la apertura de cajas fuertes mediante el uso de sopletes de oxicorte y lanzas térmicas.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal itinerante, afincado en Madrid, presuntamente implicado en un robo con fuerza cometido en unas oficinas de Santander. A pesar de las restricciones -y de la situación generada por la crisis sanitaria- el grupo criminal continuó con su actividad delictiva, ejecutando numerosos robos en oficinas y establecimientos comerciales de Madrid. 

3.700 neumáticos sustraídos en Irún por valor de 131.000 euros

Los agentes constataron que los investigados se desplazaron el pasado 25 de diciembre a Irún donde cometieron un robo con fuerza. El hecho delictivo, que fue ejecutado en dos días, ocurrió en una empresa dedicada a la venta de neumáticos en la que sustrajeron 3.700 unidades, valoradas en 130.914 euros. Pocos días después se llevó a cabo una operación policial que permitió -además de recuperar parte de los neumáticos- identificar a uno de los autores, quien también estaba presuntamente implicado en otros robos cometidos en Madrid.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes recibieron informaciones relativas la preparación de un robo con violencia -tipo vuelco o amarre- haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este hecho quedaría constatado posteriormente cuando, en los registros domiciliarios, se localizaran prendas de uniformidad y otros efectos de uso policial.

Gran experiencia y alta especialización de los investigados

Las pesquisas han puesto de manifiesto la gran experiencia, profesionalidad y alta especialización de los investigados, así como su conocimiento sobre las técnicas de investigación policiales. El modus operandi utilizado en los hechos delictivos, además, ha evidenciado los conocimientos técnicos que poseen para la desactivación de alarmas y el perfecto manejo de herramientas, tales como sopletes de oxicorte o inhibidores de frecuencia.

Finalmente, a principios del mes de febrero se llevó a cabo una operación que concluyó con la detención de cinco personas y la realización de cinco registros en Madrid (uno de ellos en el municipio de Sevilla la Nueva), dos en los municipios toledanos de Hinojosa de San Vicente y San Vicente, y uno en Irún. Los cinco detenidos acumulan un total de 149 antecedentes, la mayor parte de ellos por delitos contra el patrimonio. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

Fruto de los registros practicados, los agentes intervinieron 30.000 euros en efectivo, gran cantidad de herramientas y material para la comisión de robos –en concreto para la anulación de alarmas y sistemas de seguridad, la apertura de puertas y forzamiento cerraduras, la realización de butrones, y la apertura de cajas fuertes-, una arma de fuego simulada y munición. Asimismo, localizaron uniformidad y material de diferentes cuerpos policiales, tales como grilletes, defensas extensibles y una placa emblema de Policía Nacional, entre otros.

FUENTE: CUADERNOS DE SEGURIDAD

Protección de Datos abre expediente a empresas de seguridad y cadenas de distribución por la toma de temperatura a los clientes por parte de los vigilantes

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La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, ha abierto expediente informativo contra una de las mayores empresas de seguridad del país y contra una multinacional de distribución y venta en grandes superficies comerciales con una fuerte implantación en España, al entender que la toma de temperatura a los trabajadores y clientes por parte de los vigilantes de seguridad de cada supermercado podría vulnerar la normativa legal.

Según han informado en un comunicado fuentes del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, la apertura de este expediente ha sido consecuencia de las reclamaciones que ha presentado este mismo sindicato contra estas y otras empresas de seguridad por estos mismos hechos.

De acuerdo con el documento al que ha tenido acceso este medio, la AEPD ha dictaminado que “se aprecian indicios racionales de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la tramitación” contra la empresa de seguridad y la multinacional de distribución.

Alternativa Sindical presentó en su día reclamación ante la AEPD contra varias empresas de seguridad al entender que obligar a los vigilantes de seguridad a tomar la temperatura a trabajadores y a usuarios de diferentes centros “se trata de una injerencia en los derechos de los afectados”.

“Se trata de una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados… y, además, se lleva a cabo sin el criterio previo de las autoridades sanitarias«, según el escrito de demanda presentado por el sindicato.

Según ha informado el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, esos controles que se llevan a cabo en su mayoría en espacios públicos suponen que «cuando se niega el acceso a la persona que tiene fiebre, se da a conocer a los que están alrededor su situación, lo que no tiene justificación, porque además se le señala como contagiado por coronavirus».

Además, ha añadido, una actuación de este tipo requiere que la autoridad competente, es decir, el ministerio de Sanidad, establezca una autorización expresa y que además se realice, en todo caso, a través de los servicios de prevención de cada empresa o personal facultado y cualificado”.

García ha añadido que “la toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados, ya que afecta a datos relativos a la salud de las personas, no solo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo, sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus”.

Por ello, ha añadido, este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente, en este caso, la LOPD.

En este sentido, García ha aclarado que “el personal de seguridad no está cualificado para ese tratamiento de datos personales sensibles, ni tampoco entra dentro de sus funciones, además de poner en riesgo la propia salud del personal de seguridad”.

Por todo ello, ha advertidoque las empresas contra las que se han admitido a trámite las reclamaciones y que siguen secundado esta práctica «se exponen a sanciones por parte de la AEPD que pueden alcanzan los 601.012 euros».

Por su parte, el letrado de ASTSP, Roberto Mangas Moreno, ha señalado que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial en uno de estos controles en espacios públicos “estaría revelando a terceros el estado de salud del afectado, algo que solo corresponde a la esfera íntima y personal de cada uno de nosotros”.

“Además, en último extremo y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada”, ha añadido este letrado.

Según Mangas Moreno, “como todo tratamiento de datos, la recogida de los parámetros de temperatura corporal debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD y, entre ellos, el principio de legalidad”.

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la COVID, las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios de transporte, a los que están interesados en acceder.

“Por tanto, ese consentimiento no sería libre, y esa libertad es uno de los requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora”, ha finalizado Mangas Moreno.

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Oramas reclama por escrito que se incluya a los vigilantes de seguridad en el protocolo de vacunación

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La portavoz y diputada de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha registrado hoy una pregunta por escrito cuestionando al Gobierno central por la fecha de vacunación de los trabajadores de seguridad y auxiliares ya que se trata de personal que desarrolla una actividad esencial que mantiene permanente contacto con multitud de ciudadanos.

Como detalla la diputada nacionalista en su pregunta durante toda la pandemia “los servicios de seguridad han sido esenciales para el desarrollo de la actividad de este país” como evidencia el hecho de “fueran incluidos en el listado de dichos servicios”. Ello permitió por un lado que muchos de estos trabajadores han podido seguir en activo durante la pandemia (sin olvidar que hay muchos trabajadores que pasaron a encuadrarse dentro de un ERTE en diversas empresas), pero por otro lado “implica la continua exposición de los Vigilantes de Seguridad y Auxiliares a una posible infección por Covid-19”. Una realidad que “parece que no se contempla ni se ha tenido en cuenta”, prosigue Oramas, “en los protocolos de vacunación que todavía no han incluido a este importante colectivo de trabajadores como personal prioritario” lo que justifica la pregunta realizada y registrada en el día de hoy.

“Es innegable”, señaló la diputada de CC-PNC, “que estos trabajadores que podemos ver trabajando en centros comerciales, supermercados, puertos y aeropuertos por citar solo algunos ejemplos, tienen un contacto continuado en su trabajo con miles de ciudadanos” por lo que, “deben ser incluidos como personal prioritario en el calendario de vacunaciones”.