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Jul 01
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La Policía alerta sobre una peligrosa estafa para robarte a través del ordenador

Por | Urbisegur
  • Los delincuentes utilizan técnicas para ganarse la confianza del interlocutor y de esta forma, y sin que lo sepa, proceder con la estafa

La Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón ha alertado a los ciudadanos de un repunte de estafas, iniciadas a través de una llamada, en las que los autores de las mismas suplantan a Microsoft y solicitan datos personales y bancarios con el objetivo de realizar cargos monetarios.

Según ha informado el cuerpo policial, el modus operandi se inicia a través de una llamada aleatoria a números de teléfono fijo que los obtienen autores obtienen a través de guías telefónicas, redes sociales e Internet. En estas llamadas, se hacen pasar por empleados de Microsoft y solicitan el acceso al ordenador, que supuestamente está siendo afectado por un virus.

Así, a través de unas indicaciones, la víctima instala en su computadora un programa de control remoto con el que los presuntos estafadores se apoderan de claves, contraseñas y de otras informaciones sensibles, tales como numeraciones de tarjetas.

Los supuestos autores también pueden contactar con las víctimas a través de mensajes de error falsos que lanzan en sitios web en los que muestran números de contacto de soporte técnico. Estos falsos mensajes intentan engañar a la víctima para que realice una llamada a una línea directa de un soporte técnico, si bien detrás de dicha línea se encuentra un estafador.

Además, los presuntos responsables de la estafa utilizan técnicas para ganarse la confianza del interlocutor y de esta forma, y sin su conocimiento, bloquear su ordenador con el fin de solicitar sus datos personales y efectuar el desbloqueo. Para ello, simulan desde el acento de la persona que realiza la llamada –preferentemente inglés o sudamericano–, hasta el motivo de la misma y solución que ofrecen, para ganarse la confianza del interlocutor y llevar a cabo su engaño.

COMO PROTEGERSE DEL DELITO

Microsoft, a través de su página web, ha informado de cómo protegerse frente a las estafas de soporte técnico, indicando que los mensajes de error y advertencia que lanza la compañía nunca incluyen números de teléfono.

La empresa, desde el apartado soporte de su página web, incluye un texto titulado Protégete frente a las estafas de soporte técnico en el que explica este tipo de delito y cómo identificarlo. Del mismo modo, advierten de qué hacer si un estafador de soporte técnico ya tiene tu información y cómo notificar una estafa a Microsoft.

Por su parte, la Policía Nacional a través de sus redes sociales -Youtube, Instagram, Twitter y Facebook– ha lanzado su campaña ‘#no piques’ en la cual se informa de las estafas presentes en la sociedad a fin de estar prevenidos e informados y de esta forma, poder identificarlas y saber cómo actuar ante ellas.

Jun 19
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COMUNICADO DEL OBSERVATORIO SECTORIAL

Por | Urbisegur

OBS: PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA POR LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales mayoritarias FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO) y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, advierte del riesgo que estos recortes supondrían para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios de servicios en la desescalada del COVID-19 y tras la misma.

A modo de ejemplo, el actual contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones e infraestructuras de todo el Estado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) fue adjudicado en noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses.

Desde el día 1 de junio Adif ha efectuado unilateralmente un primer recorte de varios millones de euros sobre el importe de adjudicación inicial, lo que supone una reducción en el número de Vigilantes de Seguridad, que en alguna de las instalaciones ha afectado al 50% de la plantilla asignada, y en media entre el 20 y el 25% de la plantilla total, de momento.

Desde el Observatorio Sectorial advierten que será “difícilmente asumible y poco eficaz” el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios del COVID-19 según nos vayamos adentrando en “la nueva normalidad” y aumente el número de usuarios en el transporte público, tras el recorte en gastos y personal de seguridad efectuado por el administrador ferroviario.

Asimismo, se debería garantizar la seguridad y la vigilancia de las instalaciones en los horarios en que estas permanezcan cerradas al público.

Además, muestran su preocupación por los cientos de puestos trabajo que están en juego y la incertidumbre generada por este recorte económico en las empresas prestadoras del servicio, con un presupuesto comprometido y las inversiones ya realizadas para asegurar el servicio.

Este tipo de decisiones vuelven a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso ante el riesgo de recortes durante la propia ejecución de los contratos.

Jun 19
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Un sindicato denuncia al Ayuntamiento de Canet por utilizar a «personal no habilitado» para el control del aforo de su playa

Por | Urbisegur

La Federación Valenciana de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha presentado este martes, 16 de junio, denuncia ante la Brigada de Seguridad Privada de Valencia y ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer por utilizar a «personal no habilitado» para vigilar el aforo y las incidencias, en colaboración con la Policía Local del municipio, que puedan producirse este verano en su playa Racó del Mar, y no hacerlo a través de una empresa de seguridad.

«El equipo de gobierno municipal ha utilizado a personal discapacitado con una minusvalía reconocida de un 33%, o más, y que ya trabajan para el consistorio de forma habitual como personal de mantenimiento facilitándoles un uniforme naranja de alta visibilidad con la palabra Vigilante serigrafiada en la espalda. Este personal discapacitado carece de cremas solares para protegerse de la exposición de los rayos del sol, carecen de lavabos teniendo que desplazarse y utilizar los lavabos públicos de un bar que está a 200-300 metros de la posición en la que se encuentran y careciendo de comedor o zona de descanso mediante la cual poder comer o realizar el descanso correspondiente de su jornada laboral», afirman.

Del mismo modo, los representantes de este sindicato aseguran que el consistorio canetero «mantiene a estos trabajadores en jornadas de más de diez horas sin descanso, expuestos al sol, con tan solo una sombrilla y una silla donde pueden sentarse a ratos cortos». Es por este motivo por el cual, desde Alternativa Sindical consideran que el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer está infringiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Del mismo modo, aseguran que también se está infringiendo la Ley de Integración Social «porque este personal mantiene una discapacidad superior al 33% y los tienen efectuando funciones propias de los vigilantes de seguridad». Como han informado a este periódico, desde la apertura de la playa de Canet el pasado sábado, 13 de junio, están realizando funciones de vigilantes de su aforo personal del Centro Municipal Especial de Empleo para personas discapacitadas.

«Nefasto es que la administración municipal fomente el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada pero más lamentable aún es que utilicen personal discapacitado y además incumpliendo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales», finalizan desde este sindicato.

Jun 16
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ADIF ordena un recorte del 20% en su personal de seguridad privada

Por | Urbisegur

Los sindicatos calculan que este recorte afectará a unos 200 empleados de todas las estaciones de la red de ADIF tanto en alta velocidad como en media distancia.

El gestor público de las infraestructuras ferroviarias ADIF ha comunicado esta semana que va a prescindir de buena parte de la plantilla de seguridad privada que trabaja regularmente en las estaciones de tren españolas.

El recorte alcanzará el 20% de los empleados totales, lo que en una plantilla de aproximadamente 1.000 profesionales de seguridad privada, supondría la salida de aproximadamente unas 200 personas. ADIF ha comunicado este cambio a las empresas adjudicatarias, recalculando a la baja el contrato.

Muchos de los despidos se han empezado a ejecutar esta misma semana, singularmente en estaciones como Madrid-Atocha, donde se ha prescindido del 25% de la plantilla (conformada por unos 100 profesionales) o en otras estaciones como Huelva, donde según los representantes del sindicato Comisiones Obreras, se ha prescindido de todos los profesionales de seguridad privada, dejando el control de seguridad sin personal.

Los despidos se están produciendo por todo el país, afectando a todas las compañías que lograron la adjudicación de los servicios desde el año 2018. De estas empresas la que tiene más efectivos es Prosegur, que tiene las estaciones más grandes como son Madrid y Barcelona-Sants. Eulen es la segunda empresa en importancia en las adjudicaciones, con las estaciones del noroeste y el sur del país. Por su parte, Securitas tiene las estaciones del este del país y Prosetecnisa las del norte.

Los afectados son los servicios de Renfe de Larga Distancia y de Media Distancia, pero según ADIF ni la Alta Velocidad ni tampoco Cercanías, que tienen contratos de seguridad privada propios, se verán afectados por el tijeretazo.

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de ADIF. La empresa pública presidida por Isabel Pardo de Vera ha confirmado los recortes con el siguiente argumento: «Una vez pasados los peores momentos de la pandemia, en los que ADIF ha debido reforzar sus medidas de seguridad con el fin de velar por la seguridad de todos los usuarios, y ante las nuevas circunstancias, marcadas por una drástica caída de los ingresos, ADIF va a realizar una adaptación de sus servicios de vigilancia y seguridad».

Tal y como sigue diciendo la empresa pública a OKDIARIO, «el objetivo de esta actuación es reconfigurar la forma en que se ejecuta esta prestación, adaptándola a la demanda actual y garantizando en todo momento la seguridad de las infraestructuras críticas, la vigilancia de todas las estaciones de alta velocidad y la presencia de vigilantes en las estaciones de red convencional».

Estos recortes afectarán especialmente a las patrullas de las vías, que perderán efectivos y que tendrán que realizar un trabajo de un radio muy superior (por ejemplo, patrullar a 300 kilómetros cuando antes lo hacían a 200), y además verán mermados sus efectivos. Pero se insiste en que no se verá comprometida la seguridad, aunque sí es posible que el grado de respuesta llegue más tarde al haber menos efectivos.

Problemas en las vías

No obstante, según informan a este periódico las citadas fuentes sindicales, los primeros recortes ya están causando problemas en el servicio de seguridad privada. El delegado de Comisiones Obreras por Prosegur en la estación de Madrid-Atocha asegura que entre otras cosas «se han quitado las patrullas especiales que vigilan la vía para que no entre ningún animal o persona en ella. Estas patrullas son muy importantes porque se producen muchos robos de catenaria» a lo largo de las vías ferroviarias.

Pero además, las fuentes sindicales también lamentan la imposibilidad de garantizar la vigilancia en algunos espacios de gran tamaño (como el eje Madrid-Abroñigal que hay al sur de la ciudad) donde la vigilancia de zonas enormes quedará bajo la responsabilidad de apenas un operario, aseguran, aumentando el riesgo de estos profesionales ante posibles altercados que se puedan dar.

Desde ADIF se considera que los contratos de seguridad habían aumentado mucho en los últimos años y que se habían hecho previsiones en algunos casos de una puesta de servicio a las que finalmente no se ha llegado, lo cual justificaría el recorte.

Caída dramática

Los números de ADIF son dramáticos durante estos pasados meses. El estado de alarma llevó el movimiento por trenes a casi cero y sólo en las últimas semanas la actividad se recupera, aunque todavía en niveles muy bajos al no permitirse aún el movimiento entre provincias. Desde la empresa pública gestora de infraestructuras no se sabe cuándo se podrá volver a las cifras previas a la pandemia.

Sin embargo, los sindicatos se quejan de que sea precisamente ahora que se recupera la actividad cuando se hacen los recortes, y lamentan que hace muy difícil el trabajo del personal de seguridad privada.

FUENTE: OK DIARIO

Jun 16
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El PSOE busca eliminar gradualmente el pago en efectivo

Por | Urbisegur

Una proposición no de ley del PSOE, difundida en el Boletín del Congreso, busca “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. En la última línea de la exposición de motivos y consecuentes propuestas, el partido de gobierno hizo el planteamiento. La sugerencia aparece diluida en un conjunto de ideas, referidas a la orientación del sistema tributario ante la crisis sanitaria.

Señala el texto que las crisis económicas y sociales “siempre conllevan bajadas en la recaudación de impuestos. Estas se traducen en menos ingresos que debilitan la financiación de las políticas públicas”.

En ese sentido, sugiere un conjunto de medidas de prevención y erradicación. Entre ellas se incluyen la promoción de campañas de explicación del destino de los ingresos públicos procedentes de impuestos. También propone la conciencia tributaria en el ámbito de una educación ciudadana. Y se incluye la ya mencionada eliminación del pago en efectivo.

PSOE busca eliminar el pago efectivo

Ante la proposición no de ley del PSOE, fuentes socialistas consultadas por El País, señalaron que no buscan “cambios legales a corto plazo”. Inclusive, indicaron que están abiertos a negociarlo.

Mientras tanto, en Hacienda admiten que planean rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico. Ya lo habían propuesto, sin éxito, en 2019.

La Xunta de Galicia, la primera comunidad que ha entrado en la nueva normalidad, recomienda “pagar con tarjetas para evitar el efectivo”.

Los bancos centrales del mundo han tratado de demostrar que los billetes no retienen más el virus que el plástico de una tarjeta. Además, el dinero en metálico se está convirtiendo en un elemento a batir por su mala fama de ser instrumento del fraude fiscal.

La proposición del PSOE apunta en ese sentido. Está enmarcada entre medidas tributarias por su relación con la evasión fiscal a través del dinero negro.

La pandemia volvió a traer el tema a colación. Cuando se comprobó cómo crecía el uso de las tarjetas y avanzaba la digitalización de los servicios bancarios, se pensó en un plan para elevar la recaudación fiscal.

En defensa del efectivo

Aproser, patronal del transporte del efectivo, critica la decisión. Advierte que el metálico es el único medio de pago público y cree que solo se favorecería a las firmas de medios electrónicos.

El intento de abolición del uso del efectivo es una obsesión que ya empieza a molestar, indicó la asociación. “Hay que ser conscientes de que es el único medio de pago que es ‘público’. Si desapareciera el efectivo, solo quedarían sistemas de pago que estarían totalmente privatizados y en manos de grandes empresas. Tema para nada baladí y que merecería una reflexión adicional para el legislador dadas las importantísimas repercusiones sociales que ello conllevaría en la ciudadanía”, apuntó en su sitio en internet.

Argumentó que “no a todas las personas que querrían utilizar tarjeta en lugar de efectivo se la dan nada más la piden a su banco, por motivos obvios. Paradójicamente, a los colectivos ya sujetos a exclusión social por otros motivos les queremos endosar un motivo nuevo, sin pestañear”.

Las mayorías apuestan por el dinero

La Encuesta de Percepción Social del Liderazgo en la lucha contra el Covid 19,  realizada por Ifisa a mil usuarios aborda el tema del efectivo.

El 86% de las personas consultadas sobre la importancia de disponer de dinero en efectivo en situaciones de crisis, consideró “muy importante”, “importante” o, “más importante que antes el acceso a ese medio de pago”.

Algo más del 20% de los entrevistados manifestó que el uso del dinero en efectivo es más importante aún en situaciones de crisis y sólo el 16% de los encuestados restó importancia disponer de efectivo en estas circunstancias.

La valoración del dinero en efectivo en estos momentos alcanza una puntuación de 6,4 sobre 10, reveló la encuesta, publicada por Aproser.

El uso conjunto del dinero en efectivo y de los pagos con tarjeta es asumido por el 63% de los encuestados como la mejor opción. Y el 16% se decanta por el uso exclusivo de los pagos con tarjeta.

FUENTE: CAMBIO16

Jun 16
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​¿Intrusismo en la seguridad privada para vigilar las playas este verano? Sindicatos advierten que estarán atentos

Por | Urbisegur

El sindicato FTSP-USO anuncia que tomará las medidas legales pertinentes para evitar la creación de estructuras “pseudopoliciales” destinadas al control de las playas.

Así, señalan la puesta en marcha de un “protocolo” de supervisión con el objetivo de evitar el intrusismo en el sector y la vulneración de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

“¿Quién vigila a los vigilantes?”. Con esta popular paradoja de los tiempos de la Antigua Roma y popularizada por ‘Watchmen’, la inmortal obra de Alan Moore, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) quiere poner de manifiesto su preocupación por lo que podría ocurrir en muchas playas gallegas este y del resto del país este verano, a la vista de las medida que proyectan establecer algunos ayuntamientos para controlar el aforo en los arenales y que se cumplan las medidas de seguridad.

“En las últimas semanas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España han iniciado una carrera de fondo para tener un servicio de vigilancia disponible para controlar el cumplimiento de aforo y medidas de seguridad del COVID-19 ante la llegada de la época estival”, aseguran desde el sindicato. No obstante, estas prisas para buscar una solución efectiva podría provocar la creación de “figuras que desarrollen ciertas funciones de manera ilegal o utilicen a personal no cualificado en funciones propias del personal habilitado de Seguridad Privada”.

Ante esto, y con el fin de evitar el incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, el sindicato advierte que estará vigilante para que Comunidades Autónomas y gobiernos locales no caigan en la “improvisación” y en la creación de estructuras “pseudopoliciales”.

“La FTSP-USO ha puesto en marcha un protocolo para que sus responsables en todos los territorios costeros ‘vigilen a los vigilantes’ ante cualquier irregularidad o incumplimiento en sus funciones para proceder a denunciar a las empresas u organismos pertinentes”, concluye el organismo sindical.

FUENTE: GALICIA PRESS

Jun 16
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UGT y USO denuncian intrusismo de la Junta por los ‘vigilantes de la playa’

Por | Urbisegur

El sector de Seguridad privada y Servicios Auxiliares de FeSMC UGT Huelva ha denunciado en el día de hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, “lo que a nuestro entender podría tratarse de un claro caso de intrusismo laboral”.

Explica el sindicato que “a nuestro entender, las funciones que la Junta de Andalucía pretende que realicen los denominados vigilantes de las playas que la Junta de Andalucía va a contratar para la realización de servicios de seguridad relacionados con el COVID 19 en las Playas de Huelva, serian  únicas y exclusivas del personal de seguridad privada  según la Ley 5/2014, de 5 de abril, de seguridad privada establece en la letra a) de su artículo 5.1 que constituye una actividad de seguridad privada “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos” y define que “los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Unos servicios que se llevan a cabo por vigilantes de seguridad habilitados (integrados necesariamente en las empresas de seguridad)”.

Desde FeSMC UGT “solicitamos a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que  se curse requerimiento, con carácter urgente, a los responsables de la Junta de Andalucía para que delimiten, de acuerdo con la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, el contenido de las funciones a desempeñar por parte de los profesionales que se pretende asignar a cometidos vinculados con la pandemia COVID-19 en las Playas de Andalucía y que se exija que en los contratos de trabajo se incluya la concreta y precisa definición de las funciones asignadas a los trabajadores contratados, en términos compatibles con la citada Ley 5/2014, de Seguridad Privada”.

Además, UGT solicita “que se advierta expresamente, de confirmarse la evidente incompatibilidad de las funciones adscritas con la normativa vigente, al amparo de la información existente hasta el momento, la posible incursión por parte de la entidad contratante, de una vulneración de la Ley de seguridad privada, en caso de iniciarse el ejercicio de las funciones reservadas exclusivamente a vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad”.

Por último, desde el sindicato que manifiesta que “en el supuesto de que de la información recabada se considere la no existencia de incompatibilidad entre las funciones asignadas y la normativa de seguridad privada vigente, en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en el ámbito de la seguridad privada y ante la trascendencia del servicio a desempeñar, se lleve a cabo una inspección del servicio, una vez dé inicio, para comprobar la adecuación estricta entre las funciones teóricamente asignadas y las efectivamente llevadas a cabo. Y que en el supuesto de que de dicha labor inspectora pudieran identificarse posibles incompatibilidades, se proceda de inmediato a la incoación de los correspondientes expedientes”.

SINDICATO USO

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) haanunciad que “denunciará a los organismos y empresas que utilicen a personal no habilitado para la vigilancia del cumplimiento de medidas de seguridad ante el COVID-19 en las playas de todo el Estado.

En las últimas semanas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España han iniciado una carrera de fondo para tener un servicio de vigilancia disponible para controlar el cumplimiento de aforo y medidas de seguridad del COVID-19 ante la llegada de la época estival. Para la FTSP-USO es previsible que muchas de estas Administraciones creen figuras que desarrollen ciertas funciones de manera ilegal o utilicen a personal no cualificado en funciones propias del personal habilitado de Seguridad Privada.

El sindicato pone la vista sobre los posibles casos de intrusismo profesional que se produzcan, así como esperan que se incumpla la Ley 5/2014 de Seguridad Privada en muchos arenales dada la falta de regulación e improvisación de los Organismos Públicos con la que se están creando unas estructuras “pseudopoliciales” con las que pretenden garantizar la seguridad de las personas ante la pandemia.

La FTSP-USO ha puesto en marcha un protocolo para que sus responsables en todos los territorios costeros ‘vigilen a los vigilantes’ ante cualquier irregularidad o incumplimiento en sus funciones para proceder a denunciar a las empresas u organismos pertinentes”.

FUENTE: HUEVA YA.ES

Jun 11
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Un sindicato de seguridad privada considera que la Junta de Andalucia incurre en intrusismo al contratar a personal no acreditado para vigilar las playas

Por | Urbisegur

Alternativasindical Sindicato Profesional de Seguridad Privada ha anunciado que llevará “todas las acciones legales que considere oportunas” contra la Junta de Andalucía por la contratación del personal que tendrá encomendada la tarea de controlar el aforo de las playas y vigilar que se guarde la distancia social.

El sindicato considera que la administración autonómica incurre en intrusismo al no contratar para esta tarea a profesionales acreditados de seguridad privada. En una nota de prensa enviada a este medio el representante del sindicato, Felipe Caro, argumenta que la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada “reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección, respectivamente”.

Los 300.000 profesionales acreditados por el Ministerio del Interior, de los que 80.000 se encuentran activos en la actualidad, “tenemos la formación para realizar las funciones control de accesos, control de distanciamiento, control de aforos…”, manifiesta Caro.

Los vigilantes contratados por la Junta, que prestarán servicio a partir de este lunes, solo recibirán según publica el sindicato en su web “una pequeña formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía de forma telemática”. Por este motivo Felipe Caro ha anunciado que “hemos interpuesto la correspondiente denuncia ante la Brigada Provincial de Seguridad Privada correspondiente”.

 

Jun 04
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Los ciberataques son ya la tercera preocupación global en la crisis de la Covid-19

Por | Urbisegur

Los ciberataques y los fraudes de datos son ya los riesgos tecnológicos más preocupantes
para el globo, y los terceros en la lista de preocupaciones generales, tras la llegada de la
pandemia de coronavirus. Así lo atestigua el Foro Económico Mundial (WEF), que ha juntado a varios expertos del sector para tratar de fortalecer las capacidades de resistencia
cibernética de sus organizaciones.

Entre las conclusiones, el Foro estima que las compañías de todo el mundo se han visto
presionadas para adoptar el teletrabajo y modelos de negocio rápidos para asegurar su
supervivencia. Por ello, los principios que se han redactado incluyen un marco para la toma
de decisiones a corto plazo para asegurar los objetivos a largo plazo. Estos pasan por
fomentar una cultura de resiliencia, centrarse en la protección de bienes y servicios críticos
de la organización, tomar decisiones sobre el riesgo más allá de la crisis sanitaria, actualizar
los planes de negocio a la llamada “nueva normalidad” y fortalecer la colaboración de todo el
esquema de ciberseguridad.

“Debido al coronavirus, las empresas deben acelerar su transformación digital para
aprovechar los beneficios al mismo tiempo que mantienen el equilibrio entre la agilidad, la
escalabilidad, la eficiencia y la ciberseguridad”, ha señalado Georges de Moura, director de
soluciones para la industria del Centro de Ciberseguridad del WEF. “La confluencia de estas
fuerzas disruptivas está afectando a las funciones críticas y los ecosistemas de la industria a
nivel mundial”.

Fuente: https://cso.computerworld.es/cibercrimen/los-ciberataques-son-ya-la-tercerapreocupacion-global-en-la-crisis-de-la-covid19

Jun 03
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La seguridad privada se reinventa

Por | Urbisegur

Los nuevos cometidos de las empresas de vigilancia se centrarán fundamentalmente en asegurar la salud de la personas en lugares públicos y privados, como controlar aforos, observar si se lleva la mascarilla o tomar la temperatura.

La pandemia del coronavirus ha afectado de pleno a los más de 80.000 vigilantes de seguridad que hay en España: miles están en el paro todavía y otros enfermaron e, incluso, fallecieron. La parte positiva de la crisis es que ven su trabajo más reconocido y que el sector se reinventa con más tecnología y formación.

Controlar máquinas que toman la temperatura o detectar si se usa mascarilla sin acercarse al ciudadano, vigilar tornos de acceso pero desde la distancia y controlar la entrada a playas o locales, más que hacer rondas, serán algunos de los nuevos cometidos de estos profesionales según inciden su patronal, los sindicatos y una de las grandes empresas españolas de seguridad.

Se trata de un colectivo laboral con más de 80.000 trabajadores que son más, que los aproximadamente 65.000 policías nacionales y 77.000 guardias civiles que hay en España, cuyos representantes han denunciado que no han tenido suficientes equipos de protección durante el avance de la pandemia.

Las cifras de la patronal reflejan que al menos 13 han fallecido por coronavirus y aproximadamente el cinco por ciento se ha tenido que dar de baja.

«Los vigilantes han estado ahí, en primera línea, la sociedad lo ha visto y se ha dado un salto cualitativo», resume el responsable de este área en UGT, Diego Giráldez, que tiene claro que el sector «tendrá que transformarse y reinventarse» utilizando más las nuevas tecnologías y formando en ellas a estos profesionales para ser eficientes.

Se está gestando «una vigilancia nueva» que requerirá también una normativa actualizada, en palabras del presidente de la patronal Aproser, Ángel Córdoba, quien coincide con Giráldez en que «se han adelantado con urgencia muchos cambios que ya estaban en marcha».

Los empresarios del sector están preocupados: la crisis de 2008 fue profunda y cuando aún no se habían recuperado llegó el coronavirus, que inicialmente dejó parados a miles de vigilantes al cerrar aeropuertos, hoteles o comercios.

Algunos nuevos empleos -como los generados en el hospital del Ifema- «no compensan para nada» la cifra, detalla el presidente de la patronal Aproser, Ángel Córdoba, que pronostica una recuperación «muy paulatina en el tiempo», en paralelo a la vuelta a la nueva normalidad de los clientes, con «una vigilancia mucho más eficaz» que resume señalando que «antes en el aeropuerto te miraban la maleta buscando un arma, y ahora el arma la llevas dentro, como en una película de guerra bacteorológica».

Prevé, además, nuevos cometidos para los vigilantes, como asegurar que en el metro se llevan mascarillas puestas y se mantiene la distancia entre los pasajeros, controlar aforos en locales e, incluso, en las playas, así como tomar la temperatura o vigilar a distancia a la máquina que lo hace, es decir, todo lo que ayude a garantizar la protección y el bienestar de los usuarios tanto en espacios públicos como en empresas privadas.

Córdoba tiene claro que la crisis ha servido para que se reconozca la labor de los profesionales de la seguridad privada y considera «penoso» que no se hiciera tras los atentados del 11-M. De hecho, el Rey Felipe VI le llamó hace unos días para interesarse por la situación que está atravesando este sector.

El responsable de Seguridad Privada de FESMC-UGT, Diego Giráldez, destaca que desde el inicio del confinamiento la facturación ha bajado en torno a un 20 por ciento, con 42 ERTE que han afectado a unos 10.000 profesionales, y confía en que los empleos se recuperen progresivamente en un período de tiempo asumible para todos.

Advierte de que «no se puede caer en el error de bajar los sueldos», como pasó en la crisis de 2008, ni de permitir «intrusismos» por parte de empresas «multiservicio».

Giráldez subraya que los vigilantes «han estado ahí en plena pandemia», y se les ha podido ver en las puertas de los hospitales, supermercados o medios de transporte. En ocasiones, sin la protección debida, y su labor «poco reconocida» ahora sí se está valorando.

UGT pertenece al Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, que une a los tres sindicatos firmantes del convenio colectivo nacional (UGT, CCOO y USO) y a la patronal, y considera esencial la formación de los trabajadores en la «nueva normalidad», y ha propuesto un nuevo acceso a esta profesión a través de la Formación Profesional.

FUENTE: EFE