En el día de ayer, la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un plan de
vigilancia de las playas en la Comunidad Autónoma, consistente en la contratación de
3.000 desempleados destinados al apoyo a las policías locales de los municipios costeros
en el cumplimiento de las medidas de control de aforo y distanciamiento social en estos
espacios.
Desde el inicio de la pandemia, tal y como ha señalado el Observatorio Sectorial de la
Seguridad Privada, los vigilantes de seguridad privada, sobre la base de la formación
adquirida tanto con carácter previo a su habilitación administrativa como durante su
desempeño profesional, han realizado una labor encomiable en la garantía del control de
aforos y distanciamiento social en espacios semipúblicos como supermercados o redes
de infraestructuras de transporte.
Unas funciones expresamente asignadas por la normativa en vigor para la garantía del
distanciamiento social en espacios abiertos al público tras el inicio de la Fase 2, como son
los centros comerciales. Unas actuaciones desempeñadas, todas ellas, desde el carácter
complementario y especialmente colaborador de la seguridad pública que establece la
Ley de Seguridad Privada, reforzado, si cabe, durante la vigencia del estado de alarma.
En este sentido, resulta sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales
de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la
policía, sujetos a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo
pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones
administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley, la Junta de Andalucía
haya optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles
de garantía para los ciudadanos. Más aún, cuando la ley de seguridad privada regula con
todo detalle los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios
públicos, siempre llevados a cabo con carácter subsidiario de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Fórmulas llevadas a cabo exitosamente en diversos espacios en los últimos
años y especialmente adecuadas para llevarse a cabo en las playas andaluzas.
La opción por la que parece haber optado la Junta de Andalucía impide, por otra parte,
el acceso al mercado de trabajo de los profesionales de la seguridad privada habilitados
que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo en Andalucía pero, lo que
es más relevante, incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía, que
se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con
servicios de seguridad privada de calidad acreditada en otros entornos, sobre la base de
los medios técnicos complementarios y garantía de cobertura de un servicio de seguridad
privada prestado por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior.
En este sentido, tanto FeSMC-UGT Andalucía como APROSER Andalucía solicitan la
reconsideración urgente de la medida propuesta y, en la línea de lo manifestado en las
últimas semanas, a pesar de no haber sido atendido hasta el momento, reiteran su
ofrecimiento para compartir su conocimiento para poner en marcha una solución
alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas.
FUENTE: APROSER