La seguridad privada en España

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas” que tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

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